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Miércoles 18 de Septiembre 2019
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Revela Jiménez Espriú que cancelación de aeropuerto en Texcoco no fue por corrupción

Foto @Notimex

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15 de Julio 2019

El secretario de Comunicaciones y Transportes explicó que el sobrecosto de la construcción fue otro de los factores por el que se frenó la obra.

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, aseguró que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, no fue cancelado por corrupción, sino por causas técnico-financieras.

Durante su conferencia de prensa ofrecida este lunes, informó que el plan maestro para el Aeropuerto de Santa Lucía así como el nuevo diseño del espacio aéreo de la Zona Metropolitana del Valle de México, indican que la operación de los tres aeropuertos es factible y será cuestión de días para que se obtengan los permisos necesarios.

Aún así, sigue pendiente el proceso el desarrollo del proyecto ejecutivo, por lo que destacó que  ya se ha estado reuniendo con los representantes de las diferentes líneas aéreas para dar a conocer el nuevo diseño, sin embargo será hasta mayo de 2020 cuando comenzará la operación del mismo.

Por otra parte, indicó que el costo inicial del NAIM era de originalmente de 168 mil millones de pesos, pero cuando se canceló la obra, llegó cerca de lo 300 mil millones de pesos, según el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM).

Debido al incremento del costo tuvo que cancelarse dicho proyecto, además de que el NAIM no podía operar de forma simultánea con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por lo que este tendría que cerrarse.

De esta manera, señaló que hay un documento que explica las irregularidades, indicando que él nunca dijo que no había corrupción, ya que sí se detectaron irregularidades que están en manos de los órganos internos de control respectivos y de la Secretaría de la Función Pública por lo que exhortó a todos a leer dicho documento.

Finalmente confirmó el proceso de creación de una empresa de telecomunicaciones del gobierno, pero el proyecto está en manos de la consejería jurídica de la Presidencia.

 

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