El ministro de la SCJN Eduardo Medina Mora se negó a dar entrada al reconocimiento de la calidad de terceros interesados al resto de las entidades federativas del país, como pretendía la Fiscalía de Chihuahua en las investigaciones en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, y funcionarios de su Gabinete.

El dictamen forma parte de la controversia constitucional que interpuso el ex presidente de la República, Peña Nieto, en contra de dichas pesquisas, y por las que se ordenó suspender cualquier acción legal que ejerza en su contra por parte de la administración que encabeza el gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

La ponencia de Medina Mora emitió un acuerdo donde establece que no se puede dar entrada a la petición del titular del ejecutivo estatal de “tener como terceros interesados a los Tribunales Superiores de Justicia y a las Fiscalías del resto de las entidades federativas”, se informó a través de los acuerdos electrónicos de la SCJN.

Detalló que no se advierte que el resto de los estados pudieran resultar afectados por la sentencia que llegue a dictarse dentro de la controversia.

Y es que la administración de Javier Corral consideró que hay una posible invasión a la esfera competencial del orden federal al considerar que funcionarios federales no pueden ser sujetos a procesos penales del orden local por conductas realizadas en el ejercicio de sus competencias y la aplicación de leyes federales.

De esta forma las autoridades estatales de la República no pueden formar parte de este juicio, ni presentar alegatos, aportar pruebas o combatir los acuerdos o determinaciones, entre ellos la sentencia que se emita al respecto.

Investigaciones contra Peña

Como se recordará, el ex presidente de la República, a través de la consejera jurídica Misha Leonel Granados Fernández, promovió la controversia constitucional en contra del Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, e impugnar la validez de las investigaciones y acciones judiciales en contra de funcionarios federales, relacionados directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones.

En el documento presentado el pasado 11 de octubre de 2018 se impugnan las posibles acciones de los Poderes Ejecutivo, por conducto del Gobernador y la Fiscalía General, y Judicial, a través de sus diversos juzgados todos del Estado de Chihuahua.

“Las investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración que refieran, mencionen o relacionen a actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones”.

Además de dichas acciones, también la emisión de citatorios existentes o inminentes, así como la de órdenes de detención, de aprehensión y las solicitudes de arraigo existentes o inminentes respecto de actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones.

Cabe destacar que la controversia se presenta por posibles actos del poder estatal contra el federal, y ante la presunción que se trate de acciones penales, y concentra a todos los actores del Poder Ejecutivo, mientras que a través del juicio de amparo, se hubiera tenido que realizar en lo individual, cada uno de los funcionarios del Gabinete.