Senado aprueba reformas a Ley de Adquisiciones

 

A fin de evitar casos de corrupción como el de “La Estafa Maestra”, el pleno del Senado aprobó reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para que los titulares de las dependencias federales o estatales sean los que firmen los contratos de bienes o servicios y vigilen el cumplimiento de […]


A fin de evitar casos de corrupción como el de “La Estafa Maestra”, el pleno del Senado aprobó reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para que los titulares de las dependencias federales o estatales sean los que firmen los contratos de bienes o servicios y vigilen el cumplimiento de los términos.

Al fundamentar el dictamen para su aprobación, la senadora del Partido Verde, Gabriela Benavides Cobos, recordó que la Auditoria Superior de la Federación ha detectado desvíos millonarios a través de triangulaciones en las contrataciones o adjudicaciones directas, que se realizan desde la Federación o los estados a universidades públicas, institutos de educación u otras instancias.

“Nos brinda un instrumento más para arrancar de raíz este cáncer social, sin caer en la estigmatización de servidores públicos. Existen muchos casos que son del conocimiento público, e incluso, documentados por la Auditoria Superior de la Federación sobre malas prácticas en las áreas vinculadas con la adquisición y arrendamiento, desde moches, adjudicaciones parciales y contratos amañados se han viciado los contratos de compra y contratación pública, donde muchas veces existe colusión entre los funcionarios y proveedores, esto ha ocasionado importantes quebrantos en el erario”.

En el dictamen se establece que la revisión de las cuentas públicas de 2014 a 2016, la Auditoria Superior de la Federación detectó esquemas de desvíos millonarios en las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano mediante empresas fantasma o transferencias a universidades lo que se denominó “La Estafa Maestra”.

Con esta reforma se busca que los titulares de las dependencias sean quienes firmen los contratos y estén obligados a vigilar el cumplimiento de los términos, para qué en caso de detectarse irregularidades se puedan fincar responsabilidades.

El dictamen fue aprobado por unanimidad de votos y turnado a la Cámara de Diputados para su análisis.