Senado avanza en proyecto de derechos de propiedad

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, declaró que esta cámara avanza en el proyecto de Ley de Extinción de Dominio, con el propósito de “pegarle a la columna” financiera de la delincuencia organizada e inhibir los ilícitos cometidos por servidores públicos.

El presidente de la Junta de Coordinación Política recordó que esta ley deriva de la reforma constitucional aprobada por el Poder Legislativo, a fin de recuperar activos relacionados con hechos de corrupción, delitos contra la salud, enriquecimiento ilícito o robo de hidrocarburos, entre otros.

Dijo que la extinción de dominio será imprescriptible para los bienes de origen ilícito y para los bienes que sean destinados para alguna actividad ilegal, se propone una prescripción de 20 años.

Enfatizó que mientras no se toquen los pilares del financiamiento del crimen organizado o, de los ilícitos cometidos por servidores públicos, no se estará actuando con eficacia en el combate de estas conductas.

“La extinción de dominio recuérdenlo ustedes ¿por qué es importante?, porque es la perdida de los derechos de propiedad, en consecuencia, de ello de cualquier otro derecho real, sobre los bienes que por sentencia o que por autoridad judicial se decrete sin contraprestación, sin compensación alguna para su propietario o para quien se ostente o conforme como tal, ji para ninguna situación de bienes”.

Señaló que se plantea como medida cautelar que el juez a petición del Ministerio Público ordene el aseguramiento de bienes ante la amenaza o posibilidad de que éstos se oculten, alteren o dilapiden, así como la inmovilización provisional e inmediata de fondos, activos, cuentas y demás valores e instrumentos financieros.

Subrayó que también se establece la posibilidad de que el aseguramiento se decrete en cualquier momento, durante del juicio o antes de iniciarse.

Añadió que en este proceso se incluyen jueces especializados en primera instancia y magistrados competentes de segunda instancia, ante quienes se sustanciarán los procesos civiles.

Mencionó que otro aspecto relevante de la ley que se discute, es la aplicación de multas ejemplares, de manera que el servidor público, los juzgadores y demás personal que participe en el proceso cumplan con su deber en tiempo y forma y, se cuente con un procedimiento ágil y efectivo.

Específico que la autoridad administrativa competente para la administración y la enajenación de los bienes será el Instituto de Administración de Bienes y Activos, identificada como el Instituto para Devolverle al Pueblo Robado.

El proyecto prevé un plazo de 180 días para que las legislaturas de los estados armonicen su legislación respectiva y que los procedimientos de extinción de dominio que se inicien a partir de la vigencia de la nueva ley serán con apego a la misma, sin importar que el supuesto para la procedencia de la acción haya sido con anterioridad.

Aseveró que la Ley Nacional de Extinción de Dominio fortalecerá la actuación y atribuciones de la Fiscalía General de la República.