Senado irá contra venta de facturas y empresas fantasma

México, 2 Jul (Notimex).- El senador Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, presentó una adenda a las comisiones dictaminadoras que analizan el tema de la compra y venta de facturas y empresas fantasma.

En conferencia de prensa, el legislador informó que junto con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pulen la iniciativa, que tiene como fin prevenir y combatir la evasión fiscal.

Precisó que esa propuesta se suma al proyecto de dictamen conformado por las iniciativas que él mismo presentó, y del presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Armenta, de Morena.

En la propuesta legislativa se plantea atacar la evasión fiscal por facturas falsas que, de acuerdo a estudios e investigaciones sobre el tema, asciende a dos billones de pesos.

El senador indicó que junto con el CCE se trabaja para hacer ajustes a esta propuesta y así darles tranquilidad y repuestas a sus planteamientos. “Ya hicimos unos ajustes para que el sector empresarial se sienta tranquilo y cómodo y juntos vayamos por este gran cáncer”, subrayó.

La iniciativa privada, dijo, ha manifestado su intención de buscar endurecer el castigo exclusivamente en la compraventa de facturas, por ejemplo, modificando el Artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación.

La propuesta de cambio es que se impondrá sanción de cinco años a ocho años de prisión al que expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Explicó que esa sanción es importante, porque de esta manera a quien cometa la irregularidad, ya no van a tener la capacidad de pagar fianza, “aunque regresen lo robado no se les va a perdonar, porque hoy su transa es que avientan 100 facturas, se roban el dinero, los cachan pero por una ‘te la pago y no entro a la cárcel’ y ahora detectando una, vas para adentro”.

En ese mismo artículo se establece que quien venda la factura siempre caerá en delito sin importar el monto, en tanto que quien la adquiera se pondrá un “salvavidas” de dos millones de pesos para ser sancionado con prisión, y el fin de esto, dijo, es proteger a la Pequeña y Mediana Empresa (Pymes).

“Hay muchas Pymes que no tienen contadores o pueden ser engañados o que hay empleados que pueden meter en problemas a los jefes, por eso ahí sí hay un tope, pero ahí además se tiene que comprobar el dolo, si no se adquirió de mala fe no va a poder el Ministerio Público probar el delito”, abundó.

García Sepúlveda indicó que lo que ahora está en debate es si el delito se vuelve o no prisión preventiva oficiosa, porque cuando dos o tres empresas confabulan para robarse los impuestos es delincuencia organizada.

Detalló que serán las comisiones dictaminadoras las que analizarán la conveniencia de incluir la adenda que ya les entregó y que contiene la opinión de los empresarios, se debe llegar a un punto medio entre la iniciativa privada y los planteamientos de los senadores “para sacar adelante la reforma contra los factureros y empresas fantasma”.

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