La iniciativa plantea que las Iglesias puedan acceder a los medios de comunicación, mientras que las autoridades gubernamentales puedan acudir a templos sin ser amonestadas e, incluso, que se reúnan en estos recintos durante los encuentros políticos.
Con esta propuesta se pretende borra el “principio histórico de la separación del Estado y las Iglesias”, sin embargo, en el mismo se asegura que se conserva el carácter laico del Estado mexicano.
La legisladora argumentó que son necesarios avances en materia religiosa, los cuales requieren de una adecuación de orden jurídico nacional a las disposiciones constitucionales, además, del derecho internacional aplicables.
