Senadores aprueban Ley General de Educación Superior; pasa a diputados

Aunque se presentaron diversas reservas, el Senado de la República aprobó por unanimidad en lo general y particular, la expedición de la Ley General de Educación Superior, cuyo objetivo es establecer las bases para dar cumplimiento a la obligación del Estado de garantizar el derecho a la enseñanza de este nivel.

El presidente de la Comisión de Educación, Rubén Rocha Moya, comentó que, con el voto unánime de 108 senadores, se abroga la Ley para la Coordinación de la Educación Superior y destacó que el proyecto es resultado de un trabajo colectivo entre legisladores de todos los grupos parlamentarios.
Aprobado el dictamen, pasa a la Cámara de Diputados para su análisis y, eventual aprobación.

El proyecto de decreto dispone la obligatoriedad de la educación superior y reitera la gratuidad de las universidades públicas; además, contempla que el Sistema Nacional de Educación Superior se integre por los subsistemas universitario, tecnológico, escuelas normales y formación docente, en sus diferentes modalidades.

Lo anterior, a fin de garantizar una oferta educativa con capacidad de atender las necesidades nacionales, regionales, estatales y locales, además de las prioridades específicas de formación de profesionistas, investigadoras e investigadores para el desarrollo sostenible del país.

Asimismo, establece que los presupuestos federal y estatales deberán incluir recursos suficientes para cumplir de manera progresiva los deberes de obligatoriedad y gratuidad.

Incluye la coordinación entre las autoridades federales y locales para garantizar el acceso y ejercicio de la educación superior, así como las políticas de inclusión, permanencia y continuidad de los alumnos de este nivel.

El dictamen otorga autonomía a las universidades, y demás instituciones de educación superior, además de la facultad para gobernarse a sí mismas, pues señala que estas instituciones deben cumplir sus fines de educar, investigar y difundir la cultura, con pleno respeto a las libertades de catedra, investigación y discusión de ideas.

Los senadores priistas Beatriz Paredes Rangel y Manuel Añorve, aseguraron que en la discusión para la aprobación de la Ley en cuestión, prevaleció la disposición al diálogo y la apertura del grupo mayoritario y de la Secretaría de Educación Pública para analizar de manera incluyente las cuestiones fundamentales, la disposición de escuchar a los sectores interesados, y a las organizaciones representativas de las universidades entre otros, así como la búsqueda del consenso.

Añorve Baños, señaló que, con la expedición de esta Ley, se da respuesta a las necesidades del sector educativo al unificar, en un solo cuerpo normativo, las disposiciones en esta materia que anteriormente se encontraban fragmentadas en diversas leyes, lo que provocaba ineficacia en su aplicación, además de incongruencias y ambigüedades.

José Alberto Galarza, de Movimiento Ciudadano, aseguró que, si bien es un gran logro, existen reservas importantes para mejorar dicha legislación como la gratuidad, cuando el problema son las distorsiones que ha creado el Estado de manera histórica con las deudas en presupuestos educativos hacia las instituciones de educación superior que las obligan a generar recursos autogenerados, y esto ha distorsionado y ha lastimado el tema de la gratuidad en México, siendo un tema fundamentalmente inconstitucional, el cobro en algunos aspectos.

Guadalupe Saldaña, del PAN, hizo algunas observaciones de redacción al dictamen y sugirió cambios para garantizar el derecho de los estudiantes a las becas y asegurar el presupuesto para las universidades, entre otros asuntos.

Cabe mencionar que el nuevo marco normativo ayuda a satisfacer diversas exigencias, como la de establecer el Registro Nacional de Opciones para la Educación Superior, el cual dará a conocer a la población los espacios disponibles en las instituciones de este nivel educativo, así como los requisitos para su ingreso.

También, establece la creación de instancias para prevenir la violencia sexual y de género en las instalaciones universitarias.