Senadores del PAN rechazan “tribunales del terror” por medio de consultas populares

Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) calificaron de “tribunales del terror” las consultas a las que convoca el Gobierno federal, para que el pueblo “decida” sobre la conveniencia o no de construir obras de infraestructura y que se juzgue a ex presidentes por el presunto delito de corrupción.

En conferencias de prensa distintas, pero a la misma hora, desde la sede del Senado de la República, el diputado petista Gerardo Fernández Noroña, anunció que presentará a la Comisión Permanente una iniciativa para que se realice una consulta pública y sea el pueblo quien decida si se juzga o no a los expresidentes a partir de 1988 y, a partir de ahí, “que regresen lo que se robaron.

“Los mexicanos quieren ver enjuiciados a los expresidentes y que regresen lo que se robaron, ese es el clamor popular en el país”, resaltó.

Por su parte, las senadoras panistas Guadalupe Murguía y Xóchitl Gálvez aseguraron que la propuesta del diputado es un “circo mediático” ante la proximidad de las elecciones intermedias y reiteraron que, en un país de instituciones, la ley debe juzgar a quien o quienes cometan algún delito y no crear “juzgados populares”.

Guadalupe Murguía rechazó que azuzando a la población se busca obtener una especie de jurado popular, en donde no hay pruebas, no se acreditan los hechos, no se respeta el debido proceso, no hay transparencia, simple y sencillamente buscar una sentencia popular que, para efectos electorales, con vistas a la próxima elección pueden ser muy útiles, pero que no contribuyen ni a lograr un Estado, un país con justicia con combate a la corrupción, sino simple y sencillamente a falta de pan, puro circo.

El senador Julen Rementería del Puerto rechazó la propuesta del presidente de la República de realizar una “consulta popular” que determine la continuidad de la obra de infraestructura para la fabricación y almacenamiento de fertilizantes en Topolobampo, Sinaloa, por ser inconstitucional.

Dio a conocer un punto de acuerdo mediante el cual solicitó al Ejecutivo federal cumplir con los compromisos asumidos por el Gobierno federal en el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado, a fin de facilitar dicha inversión y evitar barreras ilegales.

Exigió al Ejecutivo federal abstenerse de impulsar consultas ilegales que “violentan el Estado de derecho y ahuyentan la inversión privada nacional e internacional que, en estos momentos, más que en ninguno otro, resultan indispensables para la economía nacional”.