Si el gobierno te liquida, no podrás trabajar durante un año

 

De acuerdo con un documento emitido por SHCP, los trabajadores despedidos deben regresar su liquidación para que no sean vetados del servicio público


La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó con la firme encomienda de ahorrar recursos para poder atender lo que los mexicanos necesitan, todo en nombre de la llamada “austeridad republicana”.

Con el cambio de gobierno, también llegaron movimientos internos en las oficinas de gubernamentales; no solo se renovaron sus titulares, también trabajadores de las dependencias llegaron y otros más se fueron.

Sin embargo, los que fueron o serán despedidos se encuentran con un problema: si se quedan con su liquidación, no podrán trabajar en alguna oficina de gobierno hasta que pasen 12 meses después de abandonar su cargo.

De acuerdo con un documento emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual se difundió parcialmente en redes sociales, la única forma para que los empleados despedidos puedan volver a trabajar en alguna dependencia de gobierno es devolver el dinero de su liquidación.

“Los servidores públicos que hayan sido beneficiados con el pago de una indemnización por la terminación de su relación laboral en términos de ley, no podrán ser contratados nuevamente, por un periodo de doce meses”, se lee en el documento.

Esto engloba a cualquier plaza presupuestaria de carácter permanente, eventual o personal que haya estado contratado por honorarios dentro de cualquier oficina adscrita a cualquier dependencia o entidad gubernamental.

El propio texto menciona que, para poder evitar esa suspensión laboral, los trabajadores despedidos deben cumplir con una condición.

“La prohibición señalada en el numeral anterior, no será aplicable en caso de que el servidor público beneficiado reembolse íntegramente al ejecutor de gasto correspondiente el monto de la indemnización laboral que haya recibido”, señala la SHCP.

En el mismo documento, según diarios de circulación nacional, se establece “una política de Austeridad Republicana que permita la redistribución el gasto público en beneficio de la población menos beneficiada”, por lo que Carlos Urzúa, titular de la Secretaría de Hacienda, ordenó suspender las contrataciones a  personal permanente, eventual y por honorarios en las dependencias del Gobierno Federal.

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