Solicita ONU indagatoria por motín en Cadereyta

Luego de que el gobierno de Nuevo León decidiera hacer uso de la fuerza letal para sofocar un motín en el penal de Cadereyta, cuyo saldo mortal aumentó a 16 víctimas, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llamó a las autoridades estatales a investigar los hechos de manera pronta, diligente y respetando el debido proceso.

En sendos comunicados, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos consideraron que una medida fundamental de prevención para que hechos similares no vuelvan a suceder “es una completa y exhaustiva investigación, así como la sanción a quienes resulten responsables del incidente”.

Las agencias aseguraron que “resulta imprescindible” poner fin a los brotes de violencia en los centros de privación de libertad de Nuevo León, investigando de manera efectiva los brotes de violencia en los centros de reclusión de Topo Chico, Apodaca y el propio penal de Cadereyta.

El vocero de seguridad del Nuevo León, Aldo Fasci, dijo el martes que los agentes que intervinieron en el penal, tanto de la Fuerza Civil como de la Policía Federal, usaron la fuerza letal para evitar que los internos asesinaran a otros reos o a custodios.

“No es una orden, cada quien usa su criterio”, añadió el funcionario, al explicar cómo se determinó usar la fuerza letal.

“Como gobierno ya era tiempo que sucediera, ya teníamos que tomar ese paso”, añadió.

Fasci Zuazua informó que de los 16 reos muertos, 11 estaban presos por secuestro y crimen organizados y los otros cinco por diversos delitos graves violentos.

“Estamos abiertos a que las organizaciones de Derechos Humanos y la institución de la Comisión Estatal, incluso la Comisión Nacional nos acompañen en todo este procedimiento. Estamos ciertos de que no hubo violación a los derechos humanos, sino que por el contrario se evitó la muerte de más personas”, declaró el vocero.

En tan sólo dos años, el Sistema Penitenciario de Nuevo León se degradó al punto en que no se tiene pleno control, pues las muertes, vejaciones y el autogobierno imperan con impunidad en los penales de Cadereyta, Topo Chico y Apodaca.

Esto ha marcado al gobierno independiente de Jaime Rodríguez “El Bronco”, que no ha logrado erradicar la rebelión de reos afines a células del crimen organizado, quienes presumen que tienen el dominio en estas prisiones.

Incluso, durante esta administración se destacó a nivel nacional por la muerte de 49 reclusos en un motín, en febrero de 2016, la mayor cantidad en la vida penitenciaria del estado.