El senador Ricardo Monreal Ávila envió una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, en la que le solicitando someta al pleno el recurso de reclamación interpuesto por la Fiscalía General de la República, hace un mes, para resolver el estatus jurídico del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
En el documento, en el cual nunca menciona el nombre del gobernador, Monreal Ávila explica que “la situación de zozobra, inestabilidad y debilitamiento social, pues no solo su gobernador y su Congreso ponen en crisis el pacto federal, sino que además, aprovechando el descontrol gubernamental de la entidad, grupos del crimen organizado actúan con la evidente intención de inducir a una violencia sin precedente”.
El legislador manifestó su extrañeza al señalar que, “nos parece muy delicado que a lo largo de tantos días la Corte no haya resuelto un tema tan sensible para la población de Tamaulipas, la cual está sufriendo los estragos de la violencia, la inseguridad y la falta de conducción y coordinación institucionales”.
Dejó en claro que no se debe soslayar que la “tardanza” en resolver de fondo la reclamación planteada, ha provocado que se comentan con premura inconsistencias y barbaridades constitucionales, en detrimento de la sociedad tamaulipeca.
Aseguró que su inquietud es legítima y auténtica, por lo que no debe pasar desapercibido que el Senado de la República, como integrante de los poderes de la Unión, es garante del pacto Federal, mismo que se formó como consecuencia de la voluntad de estados autónomos, los cuales encuentran representación directa en esta Cámara Alta y están obligados a vigilar y hacer cumplir, en el ámbito de sus competencias, las normas que garantizan el mantenimiento del orden federal establecido.
Recordó que las disposiciones constitucionales y de la Ley Reglamentarias del artículo 105 de la Constitución prevén la posibilidad de que la SCJN aplique una “consideración preferencial” a la resolución de ciertos medios de impugnación.
Por ello, afirmó que, observando las buenas prácticas institucionales y en reconocimiento de la autonomía de la SCJN, el Senado respaldará la decisión sobre el recurso de reclamación, toda vez que la determinación que adopte ese órgano brindará certeza y seguridad jurídicas a las actuaciones que constitucional y legalmente le competan a las autoridades correspondientes.
