Sustentan titulares de UIF y Procuraría Fiscal acusaciones contra gobernador de Tamaulipas

Los titulares de la Procuraduría Fiscal y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sustentaron ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados las acusaciones en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, durante la diligencia que este viernes se llevó a cabo sobre la demanda de juicio de procedencia que la Fiscalía General de la República presentó en contra del mandatario estatal.

En la dirigencia pública, que se realizó de manera virtual, estuvieron representantes de la FGR, así como el gobernador García Cabeza de Vaca y su equipo de abogados encabezados por Alonso Aguilar Zinser, quien pidió que la reunión se llevara a cabo de manera privada, porque podría constiturse una violación a los principios y derechos fundamentales de presunción de inocencia; así como el derecho a la privacidad de su cliente, sin embargo, la solicitud fue rechazada.

Con esta diligencia se abrió el periodo del desahogo de pruebas, durante un lapso de 30 días, tanto de la parte acusadora como del acusado. El gobernador es acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal por parte de la FGR.

DESCONOCE PROCURADOR FISCAL CARPETA DE INVESTIGACION

Carlos Romero, procurador fiscal, dijo desconocer la carpeta de investigación que se sigue en contra del gobernador.

Preciso que la querella contra García Cabeza de Vaca fue por un citatorio que recibió de la Fiscalía General de la República y es por el incumplimiento de las obligaciones fiscales por parte del mandatario tamaulipeco.

“Me presento en esta dirigencia en mi carácter de testigo en relación al citatorio que recibí. Formulamos la querella respectiva a consecuencia de un citatorio que recibió la Procuraduría Fiscal de la Fiscalía General de la República”.

“En consecuencia de esa situación nos dieron a conocer diversos documentos en los cuales pudimos advertir que se podía configurar algún delito y por eso formulamos la querella respectiva. La querella formulada se refiere única y exclusivamente al ejercicio fiscal del año 2019”.

ROSARIO DE ACUSACIONES DE LA UIF

Durante su prolongada intervención, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, afirmó que García Cabeza de Vaca tuvo presuntas actividades financieras relacionadas con el Cártel de Sinaloa y negocios de energía eólica relacionadas con la empresa brasileña Odebrecht.
Refirió que el gobernador fue señalado por operaciones financieras inusuales que incluyeron la compra y venta de inmuebles en México y Estados Unidos, por cantidades millonarias a través de empresas fachada, en copropiedad de familiares y socios de empresas bloqueadas desde la administración pasada.

De acuerdo con Santiago Nieto, el gobernador por el PAN tiene propiedades y copropiedades que constan en ranchos, casas en Texas, Estados Unidos, Tamaulipas y Ciudad de México.

En el caso del departamento ubicado en Santa Fe, señala recursos de dos empresas fachada identificadas como parte de un grupo de 7 entidades mercantiles relacionadas con el Cartel de Sinaloa.

También informó que en 2019, el gobernador reportó ingresos anuales por 47.6 millones de pesos y la UIF calculó que es de 142 millones de pesos.

“Se reciben sueldos y salarios de siete empresas que se encuentran con las características de fachada y que el Servicio de Administración Tributaria de este país, ha ya alistado como una empresa que factura operaciones simuladas. Es decir, ya hay un caso concreto una determinación para efecto de señalar que es una empresa que factura operaciones simuladas.”

“El egreso total estimado es de 142 millones de pesos, pero la declaración es solamente 47.6 millones de pesos”.

Por su parte, el abogado Aguilar Zinser acusó a Santiago Nieto de proporcionar datos que no son materia de la solicitud de la Fiscalía, “y que me parece que son impertinentes en el sentido de que no llevan a la investigación que se está haciendo por parte de la Sección Instructora.

“Está muy clara y muy definida la posición de la Fiscalía en cuanto a qué conductas específicas establece que se solicita la procedencia para la remoción del cargo”, argumento el litigante.