Con la finalidad de que el gobierno de México pueda terminar de manera anticipada y unilateral contratos con empresas privadas sin la necesidad de indemnización y con el objetivo de prevenir “reclamaciones fraudulentas o desproporcionadas” presentadas en contra del Estado mexicano en instancias nacionales o extranjeras, la Federación presentó una iniciativa de ley ante la Cámara de Diputados.
La iniciativa, que ya ha sido enviada a la Cámara de Diputados, busca la modificación de 23 leyes, incluyendo una “cláusula exorbitante” o de terminación anticipada en todos los contratos nacionales o internacionales de adquisiciones y obra pública.
Según la propuesta, la terminación anticipada no procederá el resarcimiento de daños o perjuicios cuando se motive en hechos o actos de interés público, general o social, en la preservación de los bienes comunes, o en la seguridad o integridad de las personas e instituciones nacionales.
Además, en caso de tener que pagar indemnizaciones, la propuesta establece límites en los montos que se deben pagar, únicamente en casos que involucren procedimientos jurisdiccionales o arbitrales.
La reforma también pretende modificar el artículo 19 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para permitir la ejecución de proyectos prioritarios sin la necesidad de contar con los permisos legales adecuados, estableciendo que aquellos proyectos identificados como “de notoria y urgente necesidad para el desarrollo social y económico del país, y los relacionados con la defensa y la seguridad nacionales”, podrán llevarse a cabo sin dichos requerimientos.
La propuesta ha generado controversia y críticas de diversos sectores, quienes argumentan que esta reforma podría afectar negativamente los derechos de las empresas privadas y debilitar la confianza en las inversiones en México.
AGM
