El pasado 6 de noviembre, el pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que permitirá dar un servicio a las parejas del mismo sexo sexo.
No cabe duda que ésta es una reforma histórica que también protegerá los derechos de los hijos de las parejas homoparentales, pues actualmente se encuentran en desamparo los niños, niñas y adolescentes.
Sin embargo, aún hay varios temas pendientes que la justicia mexicana debe resolver para la comunidad LGBT+. Estos son tan sólo tres de ellos:
1. Cambio de identidad en documentos oficiales
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal modificó en 2015 su Código Civil para que cualquier ciudadano que desee cambiar su nombre o identidad sexual pueda hacerlo de forma sencilla.
Sin embargo, la Ciudad de México es la única entidad en el país en la que es posible este trámite sin la necesidad de un procedimiento judicial que resultaba caro, lento y complicado.
2. Crímenes de homofobia
En México sólo nueve de los 32 códigos penales incluye la tipificación de homicidio calificado con “odio” cuando se comete por alguna razón de origen étnico, raza, género, edad o preferencias sexuales.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala, México ocupa el segundo lugar en América Latina en crímenes de homofobia (de 1995 a 2006) con 420 asesinatos; además, en su “Informe Especial sobre Violaciones a los Derechos Humanos y delitos cometidos por homofobia”, registra 696 expedientes y quejas durante el periodo del 1 de enero de 1998 al 31 de diciembre de 2008.
3.ECOSIG
En México hasta el momento no se ha documentado ninguna investigación formal o estadísticas que hablen sobre los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), comúnmente como terapias de conversión.
La violencia que viven los miembros de la comunidad LGBTI+ al ser expuestos a este tipo de terapias por lo regular viene directamente de su familia, específicamente de los padres. Además, no existen denuncias al respecto porque en la mayoría de los casos las víctimas son menores de edad.
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