Tribunal e INE se avientan lodo por culpa del Bronco

 

Magistrados justifican defensa de El Bronco; acusan errores


Mientras que en conferencia de prensa los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) descalificaron el trabajo del Instituto Nacional Electoral (INE) en cuanto a la recolección y la posterior verificación de las firmas de apoyo para los candidatos independientes, así como el proceso que se sigue por el derecho de audiencia de los aspirantes; en tanto, consejeros electorales se defendieron aduciendo que son declaraciones ciegas hechas sin fundamento.

Derivado del fallo de la madrugada del martes pasado en el que el TEPJF le dio el registro como candidato a la Presidencia de la República a Jaime Rodríguez Calderón, en el que tanto en sesión del pleno como en la conferencia de prensa el magistrado José Luis Vargas Valdez acusó al INE de ser omiso en la protección de derechos de “El Bronco”.

Destacó que “esa omisión del INE se tradujo en una de las causas por la que el aspirante no pudo desahogar en condiciones óptimas el derecho de audiencia, que claramente le impidió defenderse adecuadamente en aquellos casos en los que se le negaba la validez de determinados apoyos. Visiblemente nos encontramos ante una situación de clara desventaja del aspirante, dado que el INE preservó en exclusiva toda la información.

En ese sentido, el consejero electoral Marco Baños dijo que fue una “opinión a ciegas” porque no es lo mismo hacer un “análisis con base en la revisión de cajas y cajas de expedientes que con firma por firma para determinar si una firma es válida o falsa”.

En ello coincidieron los consejeros Pamela San Martín y Benito Nacif, quienes argumentaron que el gobernador con licencia de Nuevo León tuvo 12 audiencias de desahogo en las instalaciones del INE.

En la conferencia ofrecida por los magistrados se destacó porque los únicos exponentes fueron los magistrados que votaron por que Rodríguez Calderón aparezca en las boletas: Vargas Valdez, Felipe Fuentes Barrera, Mónica Aralí Soto Fregoso y Felipe Alfredo Fuentes Barrera.

Este último dijo que el TEPJF “no hace política, no juzga, ni litiga con base en señalamientos en medios de comunicación o en redes sociales; y a pesar de los diferentes criterios sustentados en las sesiones públicas en las que se pueden advertir las posiciones jurídicas, esto es connatural en un órgano colegiado, pero al final siempre apoyamos de manera institucional el criterio mayoritario. Por ello, exhortamos a las autoridades electorales, a los partidos políticos y a candidatos a conducirse con estricto apego a la ley y los principios democráticos que establece nuestra Constitución”.

Hizo un detallado balance de las firmas que se revalidaron en el proceso de verificación, con lo que evidenciaba lo erróneo del sistema empleado por el INE y remató con “el caso más relevante es el de la aspirante María de Jesús Patricio Martínez que, pudo constatarse, recuperó hasta 70 por ciento de esos apoyos que habían sido declarados en un momento dado como inválidos”.

Los consejeros, entrevistados por separado, defendieron el sistema empleado por el INE para la verificación de las firmas, pues, señalaron, se hicieron con los interesados luego de que se detectaron 10 por ciento o más de irregularidades de las firmas subidas al sistema.

En relación a que el INE no entregó a los quejosos la relación de los nombres que estaban involucrados en las firmas detectadas como inválidas, sea por fotocopia o credencial supuestamente simulada, argumentaron, son datos personales que debe salvaguardar el organismo administrativo electoral.