Arely Gómez González, exprocuradora general de la República y actual secretaría de la Función Pública, reconoció el uso de herramientas de espionaje por parte de la actual administración; sin embargo, siempre “se hizo dentro del marco jurídico”, declaró.
“La Procuraduría General de la República, y cualquier procuraduría, ya sea del Estado mexicano o de cualquier parte del mundo, tiene, para poder cumplir con su mandato, algunos sistemas y herramientas de inteligencia que se deben utilizar siempre dentro del marco jurídico”, aseguró la funcionaria después de su participación en la 58 Reunión Nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación, que se celebró en San Luis Potosí.
Apenas este miércoles se dio a conocer que fue Tomás Zerón, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) quien firmó un contrato el 29 de octubre de 2014 para adquirir el software Pegasus por 32 millones de dólares, durante la gestión de Jesús Murillo Karam en la Procuraduría General de la República (PGR).
Pero fue en la administración de Arely Gómez cuando se dieron los primeros intentos de espionaje a periodistas y activistas, lo que coincide con el reportaje publicado por el rotativo norteamericano, New York Times, de acuerdo con comunicadores que fueron objetivo de vigilancia.
La operación de Pegasus quedó en manos de la titular de la PGR, a través de Christian Noé Ramírez Gutiérrez, quien era el jefe de la oficina de la procuradora, según reveló el periodista Carlos Puig.
La dependencia pagó en total 32 millones 16 mil dólares al Grupo Tech Bull SA de CV por el software, que incluía 500 objetivos; en tanto, la empresa israelí había informado que vendía directamente el software a gobiernos y en el caso mexicano una empresa sirvió como intermediaria.
Aunque la PGR adquirió Pegasus no la hace responsable del supuesto acto de espionaje como lo han denunciado organizaciones sociales; además, se tiene conocimiento que también otras dependencias, como la Secretaría de la Defensa Nacional y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) cuentan con el mismo programa.
Al respecto Arely Gómez dijo que utilizaron las herramientas de vigilancia, pero para combatir a la delincuencia.
“Eso nos lo mandata la ley y la Constitución. Durante mi mandato, siempre fueron apegadas dentro del marco jurídico, lo que la ley nos da para poder combatir a la delincuencia organizada y al crimen”, explicó Gómez.
Hace 11 días, los activistas Mario Patrón, defensor de derechos humanos, del Centro Prodh, Juan Pardinas del Instituto Mexicano de la Competitividad, y los periodistas Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui y Salvador Camarena de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) denunciaron que fueron espiados por el Gobierno.
Durante su paso por la PGR el responsable de administrar y operar la herramienta de espionaje, de acuerdo con los documentos que presentó el periodista Carlos Puig, es Christian Noé Ramírez Gutiérrez, que es un funcionario público cercano a Arely Gómez.
Actualmente, Ramírez se desempeña en la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control de la Secretaría de la Función Pública, cuya función es vigilar el desempeño de los contralores internos de la administración federal.
Dentro de sus facultades está evalúar el desempeño de los servidores públicos.
De acuerdo con la página del Gobierno Federal, Christian Noé Ramírez Gutiérrez es maestro en derecho constitucional y amparo, estudió la licenciatura en derecho, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
También se señala que se desempeñó en el Poder Legislativo como asesor parlamentario y secretario particular de la senadora con licencia Arely Gómez actual titular de la SFP.
“En el Poder Judicial de la Federación, ocupó los cargos de secretario particular del Juez de Distrito y del Oficial Administrativo en el Juzgado Décimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal”, se indica en la página de Internet.
