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Miércoles 16 de Enero 2019

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Ven necesaria discusión por destitución de Nieto

Pamela San Martín, consejera del INE. Foto:Liliana Betancourt Foto Capital Media
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13 de Noviembre 2017
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Consejera del INE considera delicado tener Fepade “sin cabeza”

La Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Pamela San Martín, señaló que la falta de un cargo especializado para la Atención de Delitos Electorales representa un tema delicado.

Destacó que quien sea designado titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) deberá tener las mismas garantías que cualquier juez, fiscal o magistrado en el país para el ejercicio de su cargo, principalmente para garantizar el correcto funcionamiento de la Institución.

“La salida de Santiago Nieto nos debe llevar a una discusión sobre cómo fue que se dieron y tomaron esas decisiones, el contexto en el que se destituyó; incluso las condiciones que se plantearon en el Senado de la República respecto al voto sobre la objeción o no a la destitución del fiscal Santiago y la debilidad con la que se coloca y el contexto de esta naturaleza para el ejercicio de una función, sobre la relevancia que tiene un fiscal”, destacó.

San Martín participó en el Foro Control Judicial para la Regulación de Publicidad Oficial, desarrollado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad nacional Autónoma de México.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá y podría resolver, el próximo miércoles 15 de noviembre, un amparo interpuesto en 2014 por la organización Articulo 19 a la falta de regulación de la publicidad oficial.

Ana Cristina Ruelas, directora de Articulo 19, expresó que se espera que los ministros voten a favor, porque no solamente sería un cambio radical en la concepción del juicio de garantías en México, sino que permitiría regular un asunto pendiente para atender desde el Poder Legislativo.

Explicó que el proyecto de sentencia propuesto por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea ha sido favorable para la organización ya que avala la impugnación interpuesta por la comisión legislativa sobre la Ley Reglamentaria del Gasto de Comunicación Social a nivel federal y estatal. “Por fin se regularía un asunto pendiente que al final termina siendo un aliciente para seguir agrediendo a la prensa y para seguir limitando los efectivos flujos de Información”, afirmó.

La falta de regularización de la Comunicación Social oficial podría incluso incidir en la materia electoral y el derecho al voto libre, ya que la ausencia de regulación de publicidad oficial propicia el uso indiscriminado de recursos para promover aspiraciones de servidores públicos y para promover las acciones como propaganda de los distintos ordenes de gobierno.

Los especialistas concluyeron que la SCJN podría ordenar a la Cámara de Diputados que se legisle al respecto.

Las organizaciones civiles que promueven el amparo aseguran que, en el futuro, la publicidad oficial no servirá más que para limitar la libre expresión, manipular la información, el sesgo o la censura.

Además de evitar el beneficio económico con recursos de los ciudadanos a funcionarios de cualquier nivel de gobierno, inclusive a los propietarios de medios de comunicación, que muchas veces son los principales beneficiarios.

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