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Sábado 07 de Diciembre 2019
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Víctima del Grupo Atlacomulco tiene esperando justicia 17 años

10 de Julio 2019


Por Alejandro Salas

México, 10 Jul (Notimex).- María Elena Pérez está fatigada; su marido Daniel García Rodríguez lleva 17 años cuatro meses en prisión preventiva, sin sentencia, un vergonzoso récord mundial para la justicia mexiquense que no ha podido demostrar la culpabilidad del indiciado por el homicidio de una regidora, pero se niega a liberarlo. Por ello María Elena sostiene que los políticos acusadores del grupo Atlacomulco victimarios de su pareja “son una basura”.

A García Reyes le imputan la autoría intelectual del asesinato de la regidora de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, María de los Ángeles Tamez, de 27 años, ocurrido el 5 de septiembre de 2001, pero de acuerdo con su defensa y el colectivo Pena Sin Culpa, el acusado y su coacusado Reyes Alpízar son víctimas de un caso fincado con fabricación de pruebas a base de torturas y toda una trama.

En resumen, apuntan, son “presos políticos” del entonces gobierno priista de Arturo Montiel Rojas, su procurador de Justicia Alfonso Navarrete Prida y el subprocurador Rogelio Figueroa.

En 2017, dice Alberto Quezada, integrante de Pena Sin Culpa, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU acreditó la detención arbitraria de García Rodríguez y de Reyes Alpízar, por lo que ordenó su libertad inmediata y la reparación del daño.

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un informe de admisibilidad en el que estudia a fondo la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la detención de más de 17 años en primera instancia, sin sentencia de los procesados, la fata de investigación, la tortura y las violaciones al debido proceso.

En este contexto, incluso, Amnistía Internacional se ha pronunciado a favor de los procesados.

El llamado “Caso Atizapán” tuvo desde un principio un manejo mediático de persecución política, dice Alberto Quezada, al grado de que el exgobernador Montiel Rojas llegó a citarlo en su segundo informe de gobierno como un acto de justicia, en el que “se aplicará todo el peso de la ley a los asesinos”.

Pero, del hecho ocurrido en 2001 hoy no hay sentencia, “porque ninguno de los delitos se comprobó, nunca; no hay una sola prueba contra los acusados, se trata de una averiguación viciada, de declaraciones bajo tortura, de personas (y testigos) que nunca volvieron a aparecer para ratificar, es algo vergonzoso, es un caso de persecución política”, señala Quezada.

El Colectivo Pena Sin Culpa refiere que de los casos documentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no hay otro caso que lleve más tiempo en prisión preventiva en América Latina y quizás en el mundo.

Pero pese a los argumentos de la defensa y a las recomendaciones internacionales, el Gobierno del Estado de México ha sido omiso.

Daniel García Reyes tenía 37 años cuando fue apresado. Había trabajado como secretario de los alcaldes panitas de Atizapán de Zaragoza, Carlos Madrazo entre 1997 y el año 2000 y Antonio Domínguez, quien fue electo para gobernar entre los años 2000 y 2003, pero su administración quedó trunca, pues fue detenido en marzo de 2002, al ser involucrado también en el asesinato de la regidora panista.

El 2 de diciembre de 2005 Madrazo fue exonerado y liberado; la justicia no encontró elementos para condenarlo.

García Reyes había incursionado en actividades políticas desde los 15 años en el priismo mexiquense desde abajo, recuerda su esposa María Elena Pérez.

“Empezó pegando propaganda, como todo mundo, y muy apasionado de su trabajo, muy comprometido”.

Años después, al no ser reconocido por su trabajo en el partido tricolor, decidió emigrar al lado de los panistas.

Pero cinco meses después de la muerte de la regidora María de los Ángeles Tamez, asesinada afuera de su casa en la colonia Las Alamedas, en Atizapán de Zaragoza, fue detenido, arraigado y posteriormente consignado al juzgado penal de Tlalnepantla.

La mañana del 25 de febrero de 2002, Reyes se encontraba en la casa de sus padres en el centro de Atizapán, como de costumbre desayunando, cuando una pareja de policías investigadores le pidió que subiera al auto Chevy en el que andaban, ya que tenía que ser interrogado nuevamente.

Al igual que otros funcionarios del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, Daniel Reyes ya había emitido dos declaraciones en torno al hecho, por lo que pensó que se trataba de una diligencia más.

Pero aquel día fue diferente. El subprocurador mexiquense de esa época, Rogelio Figueroa, lo responsabilizó del asesinato de la regidora, bajo el móvil de que él fraguó el crimen porque la edil investigaba una red de narcotráfico que utilizaba el aeropuerto privado de Atizapán.

Ahí figuraba como autor intelectual, pero luego la Procuraduría le hizo un ofrecimiento.

“Al señor Daniel García le ofrecen declarar en contra de Antonio Domínguez (su jefe), …le dicen que si declaraba en contra de Antonio Domínguez, que él se podía ir a su casa; él no cede, y le aseguran que las represalias van a ser en su contra, y así fue”, refirió Alberto Quezada, coordinador del colectivo Pena Sin Culpa.

Quezada recuerda que la Procuraduría mexiquense olvida la primera línea de investigación de narcotráfico y luego “sin tener ninguna prueba sólida, más que los rumores que decían que había sido el presidente (municipal)”, responsabilizan al señor Reyes como autor intelectual en el crimen.

El activista sostiene que el llamado “Caso Atizapán” fue fabricado por el gobierno priista en un contexto de persecución a los gobiernos panistas por parte de la Procuraduría.

Por aquellos años, en el sexenio de Vicente Fox, el Estado de México tenía el llamado corredor azul, con alcaldes emanados del Partido Acción Nacional (PAN) en Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan y Tlalnepantla.

Ante la negativa de Daniel Reyes de incriminar a su superior, el edil panista, la Procuraduría arraigó también a su papá y a otros familiares cercanos y los involucraron en el homicidio, pero luego todos fueron absueltos.

Posteriormente la policía arrestó a Reyes Alpízar, quien oficialmente confiesa su coparticipación en el asesinato y revela que el asesino material fue Jaime Martínez.

“Supuestamente esta persona (Jaime) se encontraba en un penal de Pachuca, Hidalgo, el día de los hechos, llevaba tres años ahí y le faltaban otros años; familiares (de él) que han ido a declarar confirmaron que estaba preso y él mismo le mandó una carta al juez diciendo que él no fue”, apunta Quezada.

Por ello, la familia de Reyes, su defensa y Pena Sin Culpa concluyen que al no poder sostener jurídicamente el caso, los dos implicados son víctimas de una persecución política.

Hoy, Daniel Reyes, que ingresó al penal de Barrientos a los 37 años, tiene 54 y su juicio, por increíble que parezca, sigue en la etapa de desahogo de pruebas.

“Ha tenido hasta la fecha seis jueces, cada juez ha entorpecido el caso, le han agregado 60 mil fojas, y contado”, dice Alberto Quezada.

Apiladas, las 60 mil fojas del expediente integrado en 70 tomos en contra de Daniel García y Reyes Alpízar mide alrededor de siete metros.

Para Pena Sin Culpa, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la oportunidad de reivindicar el discurso de compromiso con los derechos humanos y cumplir la determinaciones de procedimientos e instancias internacionales.

“El señor presidente se comprometió a cumplir todas las recomendaciones internacionales, este caso tiene tres; ya se han cumplido todas las opiniones del Grupo de Detenciones Arbitrarias, excepto este, y, pues si ya se cumplieron todos los demás, ¿por qué este no?, cuestionó el coordinador de Comunicación del colectivo.

María Elena Pérez, esposa de Daniel García, dice que sus hijos y ella están al 100 con su marido, y están convencidos de su inocencia.

“Esperamos ya respuestas, a ver si el señor Alfredo del Mazo se digna, yo le pido que tenga un poquito de vergüenza y responda a las recomendaciones. Ya es mucho”.

-Fin de Nota-

NTX/ASG

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