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Martes 27 de Octubre 2020
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Adiós al arbitrario arraigo

PGR. Foto: Especial

PGR. Foto: Especial

26 de Abril 2018

Doblemente perversa y abusiva, la arraigada costumbre del arraigo será enviada al cajón de los cachivaches judiciales inservibles

Doblemente perversa y abusiva, la arraigada costumbre del arraigo será enviada al cajón de los cachivaches judiciales inservibles. Esta figura encubría con velos jurídicos su verdadera naturaleza: durante más de 20 años fue el nombre que se dio a lo que en realidad era una detención arbitraria legalizada.

La Cámara de Diputados decidió quitarle ese parapeto legaloide a la Procuraduría General de la República y a las estatales para que finalmente los agentes pomposamente llamados de investigación cumplan con su trabajo, para que el Ministerio Público se haga responsable de entregar conclusiones científicas, metódicas, convincentes, apegadas a la verdad y no extraídas a base de torturas y apremios psicológicos.

Durante 22 años estuvo vigente esta figura que permitía a la autoridad encerrar a ciudadanos mientras hallaba de qué culparlos durante 40, 60 y hasta 90 días.

“Primero arraigas y luego viriguas”, parecía ser la socorrida consigna.

Son incontables los abusos que la autoridad cometió mediante este método autorizado desde 1996, junto con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la madre de todas las invenciones de culpables, particularmente en el sexenio de Felipe Calderón, cuando incluso se elevó el arraigo a rango constitucional.

Durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón la PGR gastó por lo menos 178.2 millones de pesos en la manutención de 609 testigos colaboradores, que era el otro extremo de la pinza para imputar delitos a quienes la autoridad escogiera como víctimas propiciatorias de su fábrica de “éxitos” que cada mañana se publicitaban teniendo como fondo del escenario para el show un helicóptero Black Hawk Sikorsky.

El primer procurador de este sexenio, Jesús Murillo Karam, reveló que, en los tres últimos años del calderonismo, fueron arraigadas casi 4 mil personas, pero únicamente fueron consignadas 200. Es decir, 5 por ciento del total. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, aludió a más de ocho mil arraigados, de los cuales apenas 3 por ciento recibió sentencia condenatoria.

“Se abusó de esa figura jurídica al grado de crear un efecto perverso”, con mexicanos encerrados sin progreso alguno en su situación, diría Murillo Karam, quien a su vez arraigó en 2014 y 2015 a decenas de detenidos por el caso de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, los cuales –según su “verdad histórica” que nadie cree– habrían sido asesinados y quemados en el basurero de Cocula, Guerrero.

El arraigo “trastocó el debido proceso”, porque las autoridades abusaron de este método fácil para atribuir delitos con más carga política que jurídica, al grado de que los así embarrados eran puestos en libertad por los jueces tiempo después.

Sobran ejemplos: el general Tomás Ángeles Dahuajare, ex subsecretario de la Defensa Nacional; el ex subprocurador Noé Ramírez Campuzano; el excomisario de la Policía Federal Javier Herrera Valles. Todos salieron de prisión después de ser acusados de delincuencia organizada dentro de una Operación Limpieza organizada por la exprocuradora Marisela Morales y por el titular de la PF, Genaro García Luna.

En arraigo estuvieron los actores forzados de un falso rescate de rehenes montado por “García Luna Productions”: la francesa Florence Cassez, liberada por la Suprema Corte tras 7 años de cárcel, y su presunto cómplice mexicano Israel Vallarta, que sigue sin sentencia 12 años después de su arbitraria captura.

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