Cambio de paradigma

 

Respecto a cualquier sustancia, es fundamental distinguir claramente cuáles son los distintos tipos de consumo. No todos los consumos son problemáticos, ni todos implican forzosamente un comportamiento adictivo. El enfoque de las políticas públicas en materia de adicciones y consumo de sustancias tiene que replantearse con el fin de mejorar sus efectos, para generar un […]


Respecto a cualquier sustancia, es fundamental distinguir claramente cuáles son los distintos tipos de consumo. No todos los consumos son problemáticos, ni todos implican forzosamente un comportamiento adictivo.

El enfoque de las políticas públicas en materia de adicciones y consumo de sustancias tiene que replantearse con el fin de mejorar sus efectos, para generar un cambio de paradigma. La sociedad se encuentra encerrada en una paradoja con respecto al consumo de drogas legales e ilegales: se criminaliza a un consumidor esporádico de cannabis, pero se solapa al mismo tiempo el consumo de cigarros y alcohol, permitiendo la incitación a la tentación gracias a la presencia de productos atractivos en los espectaculares más grandes del espacio público.

El monto recaudado gracias a los impuestos sobre el tabaco y las bebidas alcohólicas es insuficiente frente al costo necesario en materia de tratamiento de adicciones y enfermedades vinculadas al consumo de sustancias. En este sentido, se revela que el gasto público en materia de prevención representa solamente cerca del 4 % del monto recaudado por dichos impuestos.

Además de transparentar el uso de dichos impuestos, las y los legisladores, así como las autoridades competentes, tienen que romper el tabú del consumo de sustancias y diseñar una estrategia nacional con vertientes locales, comunitarias y territoriales en materia de prevención y atención a las adicciones y al consumo de sustancias psicoactivas.

Atendiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, cada vez más países reducen o prohíben la publicidad masiva. Por ejemplo, implementan la venta de cajetillas neutrales de cigarros o prohíben cualquier presencia de marca de alcohol o tabaco en el espacio público o dictan restricciones fuertes en medios de comunicación. De hecho, la población no parece manifestarse en contra de este tipo de acciones. La Encuesta global de tabaquismo en adultos señala que 84 % de los adultos apoya la prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio.

En México, el consumo problemático de alcohol está en aumento especialmente por su fácil acceso desde muy temprana edad; puede llegar a representar un factor determinante en el origen de las violencias intrafamiliares, y en la reproducción de la violencia social. A pesar de ello, sigue sin estar mencionado ni atendido de manera integral y con cercanía a las personas objetivo desde los espacios de convivencia social.

Los gobiernos tienen que atender todas las aristas referentes al consumo de sustancias legales e ilegales desde una visión basada en el respeto a los derechos humanos, en la certeza científica y en la divulgación eficiente de la información. Para ello, deben privilegiar los ejes de prevención de adicciones, así como las medidas de reducción de riesgos y daños frente a la estigmatización o criminalización de las personas consumidoras, aun en situación de consumo problemático.

Sin duda, una persona que muestra un consumo problemático o no, de una sustancia legal o ilegal no merece ser tratada como criminal de alto impacto social. El consumo personal de cualquier sustancia tiene que atenderse con información veraz, desde una visión de atención integral en materia de salud pública, y no a partir de un enfoque penal de encarcelamiento inmediato.

 

*Aurélien Guilabert es fundador de Espacio Progresista, A. C., asesor en estrategias de políticas públicas, incidencia social  y cooperación internacional.

@aurel_gt