Transcurridos 43 meses desde la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, el tema no solamente sigue vigente y motiva discusiones entre autoridades y familiares de las víctimas, sino que se ha convertido en preocupación internacional. Un texto aclaratorio con más de 20 páginas del Gobierno mexicano enviado a Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, y una revisión del caso en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se celebra en Santo Domingo, República Dominicana, así lo acreditan.
Las posiciones de cada parte siguen inamovibles.
-Las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República (PGR) reiteraron su decisión de “agotar todas las líneas de investigación” y trabajar este año con el mecanismo de seguimiento de la CIDH hasta las últimas consecuencias (es decir, antes del fin de gobierno de Enrique Peña Nieto) “que atiendan la legítima demanda de los familiares y de la sociedad mexicana en su conjunto”.
-Familiares de los normalistas ven de otro modo las cosas. Creen que se quiere cerrar el caso ante “la probable próxima alternancia” en la presidencia de la República. “Estos señores”, dijo sin rodeos Emiliano Navarrete, padre del normalista José Ángel, “saben que su Gobierno corrupto ya se va, y tienen miedo de que el próximo gobierno sí quiera llegar a donde tope en nuestro caso. Por eso quieren cerrar cada línea haciendo como que investigan”.
El documento que México hizo llegar al alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, negó que 34 de 129 detenidos por el caso Iguala hayan sido torturados, tal como lo demuestran los exámenes practicados a los reos, según el Protocolo de Estambul. Ofreció que cualquier declaración bajo tortura no será tomada en cuenta a la hora de las conclusiones; y, en cambio, acusó al representante del alto comisionado en México, Jan Jarab, por ofrecer valoraciones prematuras que “podrían afectar el resultado” de las pesquisas.
Las familias y sus abogados presentes en Dominicana ven cuatro señales que apuntan hacia el cierre de la investigación antes del cambio de gobierno: ese mismo rechazo del Gobierno mexicano al informe “Doble injusticia: Violaciones a los Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa” que se presentó el 15 de marzo; la filtración y la interpretación equívoca de mensajes de presuntos delincuentes involucrados, llamando desde Chicago a Iguala en la fatídica noche del 26 al 27 se septiembre de 2014, como si ello exculpara a elementos estatales y federales de su participación en los hechos criminales; “el fracaso de la PGR por fincar nuevas acusaciones”; y el rechazo a realizar un diagnóstico psicosocial en el caso.
El gobierno afirma que sólo hubo dos detenidos entre 34 con evidencia de tortura física. En 26, el resultado fue negativo, cuatro no aceptaron la aplicación del Protocolo de Estambul, uno ya fue procesado por otros delitos y otro espera el dictamen final, lo cual, concluyó Jan Jarab, “carece de rigor metodológico y sustento jurídico”, se quejó el gobierno.
Padres de los normalistas concluyeron que las llamadas vía celular desde Chicago a Iguala, filtradas por la DEA, revelan que hay un poder trasnacional y que los vínculos de la organización criminal Guerreros Unidos con el gobierno rebasan con mucho el ámbito municipal, lo cual contradice la narrativa oficial del caso, que se quiere constreñir a la corrupción local.
