Chacales contra ciudadanos

La noticia enrarece la ya de suyo sensación de inseguridad que permea la vida de los capitalinos, si no la de los habitantes del país: “¿Le has visto?” Tres policías de la CDMX detuvieron, golpearon y subieron a una patrulla al menor Marco Antonio Sánchez Flores, estudiante de la prepa 8 de la UNAM, en los alrededores del Metrobús Rosario, el 23 de enero; lo acusaban de haber asaltado a un transeúnte, quien negó haber sido agredido. Marco Antonio, de 17 años, tomaba una fotografía. Desde entonces no aparece. ¿Un caso más de desaparición forzada, perpetrada supuestamente por quienes debieran combatir este delito?

Puesto que México ocupa el lugar 88 de 113 países en cuanto al nivel de confianza que la ciudadanía tiene en sus autoridades de justicia (según reportó en 2016 The World Justice Project), de inmediato familiares y amigos, usuarios de redes sociales, organizaciones, políticos y periodistas, pidieron a las dependencias correspondientes informes acerca de la situación y ubicación de Marco Antonio.

El usuario @gabefeje tuiteó: “Cada vez más violencia, más maldad en México, la locura reina sobre las autoridades, dónde quedan la justicia, el castigo.

Aterrador lo que puede hacer el ser humano, todo por poder y dinero; dan ganas de llorar de tanta injusticia, de tanta impunidad, de tanto abuso de poder”.

Su comentario sintetiza resultados de diversas encuestas efectuadas en el país durante el presente lustro: empeora la percepción de la ciudadanía sobre el desempeño de las autoridades de seguridad pública y justicia.

El escritor ruso Nikolái A. Ostrovski, al referirse a los chacales, sentenció: sólo atacan a los que no tienen salvación. La frase aplica plenamente a México, donde la clase política (los partidos, autoridades, funcionarios públicos de alto nivel) ha hecho del territorio nacional la sabana donde los chacales sentaron su dominio y no se distinguen de la delincuencia organizada; dan la impresión de ser una sola. Ante policías, ministerios públicos y jueces, el detector de ineficiencia y corrupción se bate en retirada.

El estado de derecho cruje cuando los abusos están a la orden del día. El caso de Marco Antonio Sánchez eriza la piel. Videos en redes sociales muestran a ciudadanos que se resisten a que los suban a una patrulla, pues nada garantiza que sean remitidos ante el MP. Víctimas de la delincuencia que no denuncian, pues que consideran dicha acción como pérdida de tiempo, y riesgosa por la connivencia del sistema judicial y los delincuentes de todo tipo.

–Mi hijo no es un maleante, está estudiando, le gustan el arte, los museos le encantan, estudió tae kwon do, es cinta negra. Es una zozobra la que tenemos, cuando ellos (en el ámbito judicial) tienen en sus manos resolver esto, porque ellos saben lo que hicieron. Son días difíciles, con frío y todo; sin dinero” –dijo Marco Antonio Sánchez Chávez, padre del menor desaparecido; @romeroijorge despliega a través de Twiter su personal sentir al respecto, por muchos compartido:

–Gran vergüenza que en manos de delincuentes por lo menos sabemos dónde quedan las víctimas. En manos de las instituciones simplemente desaparecen.

Ante la corrupción, la falta de seguridad, la cenagosa aplicación de la justicia y el tortuoso acceso a los derechos fundamentales, parece que México libra inútiles batallas, lo cual abre las puertas a las acciones de “justicieros” que prefieren actuar por cuenta propia.

También, a los linchamientos que protagonizan vecinos cansados ante la indefensión.

Desconfiables, opacas, corruptas, son consideradas las respuestas que obtiene la ciudadanía cuando pone en manos de la ley a los infractores, y a las pocas horas éstos obtienen su libertad para continuar fechorías. Incluso las reformas judiciales se perciben amañadas contra los ciudadanos, enfiladas a la represión del descontento popular, si este se encamina contra políticas gubernamentales que impulsan la inversión extranjera a costa del bien común. Basta recordar el caso que el semanario Proceso sintetiza de esta manera: “Con todo el apoyo de los gobiernos federal, estatal y municipal, la cervecera estadounidense Constellations Brands instala una gran planta en Mexicali, aunque para hacerlo se haya valido de toda clase de trampas y maniobras oscuras. Lo más grave, señalan los agricultores locales y las organizaciones agrupadas en Mexicali Resiste, es que la empresa requerirá para su funcionamiento de ingentes cantidades de agua, de un agua que se le va a escamotear a los campesinos y a los habitantes de la capital bajacaliforniana”.

La situación anterior propició que este mes cinco personas fueran encarceladas tras los enfrentamientos entre policías de Baja California y manifestantes del Movimiento Resistencia, que se oponen a la construcción del acueducto que servirá para abastecer de agua a la cervecera extranjera Constellation Brands.

En Mexicali, policías garantizan la inversión extranjera. En CDMX, todo apunta a que ejecutan la desaparición forzada de un estudiante menor de edad. El espíritu del tiempo mexicano.