Cholula: ONG, medios y alcalde juegan sucio contra el ejército

Organizaciones no gubernamentales están empujando a presidentes municipales a confrontar a las fuerzas de seguridad y a ponerle trampas al ejército. El alcalde de San Pedro Cholula, Puebla, José Juan Espinosa Torres (Morena), primero solicitó la presencia de militares en su zona por problemas de crimen organizado, luego firmó la controversia entregada en la Corte para anular la Ley de Seguridad Interior y terminó denunciando represalias en el noticiero de Carmen Aristegui cuando los militares se retiraron por no cumplirse con el protocolo oficial.

El juego perverso del poder del alcalde de Cholula fue demasiado obvio. La presencia de militares se pactó antes de la promulgación de la Ley de Seguridad Interior. Cuando el alcalde Espinosa Torres firmó la controversia, quedó automáticamente fuera de la institucionalidad. El ejército se vio obligado a retirarse porque su presencia no podía justificarse si el munícipe había impugnado el marco jurídico que garantizaba la presencia de las Fuerzas Armadas.

El caso Cholula podría ilustrar la necesidad urgente de la Ley de Seguridad Interior: las fuerzas estatales y municipales han sido rebasadas por el crimen organizado y sólo las fuerzas armadas tienen la capacidad de respuesta contra las bandas criminales.

El alcalde tuvo todo el derecho de impugnar la LSI, pero no podía seguir pidiendo presencia militar: en la LSI, la presencia de las Fuerzas Armadas debe seguir un protocolo.

Lo malo de estos juegos perversos de poder radica en el hecho de que algunas instancias políticas son dominadas por organizaciones activistas contra las Fuerzas Armadas. El retiro de fuerzas militares de Cholula debería ser leído como psicología negativa: demostrar con su ausencia la necesidad de su presencia. Y de paso, probar en los hechos que las Fuerzas Armadas son la última línea de defensa del Estado ante las organizaciones criminales.

El alcalde de Cholula demostró jugar con los intereses contrarios a la Ley de Seguridad Interior y del Estado nacional.

Y si tiene todo el derecho para hacerlo, también debe saber que no puede estar jugando con los intereses de su sociedad municipal. Al final de cuentas, el Estado federal y sus instituciones de seguridad se ajustan a las leyes y protocolos que el munícipe no quiere cumplir.

La institución más leal al Estado y a la sociedad es el ejército; y por el tema de la inseguridad ante bandas criminales, los gobernantes en todos sus niveles no pueden estar jugando a la política disidente con el papel clave de los militares en la seguridad interior.

Todos los datos indican que el alcalde Espinosa Torres le puso una trampa al ejército: solicitar su presencia, impugnar la ley vigente –ya está promulgada– e ir corriendo con Carmen Aristegui –espacio mediático antiinstituciones– a denunciar.

Lo malo, sin embargo, es que sus acciones lastimaron a las Fuerzas Armadas.

Ahora el alcalde Espinosa Torres (Morena) tendrá que explicarles a los habitantes de su municipio las razones reales –no las políticas– por las cuales las Fuerzas Armadas tocaron retirada. Y que el poblano tendrá que esperar que la Suprema Corte decida sobre la Ley de Seguridad Interior para volver a solicitar la presencia militar siguiendo los protocolos, en tiempos en los que los criminales retomarán el control del municipio.

Y todo por la perversidad del alcalde de hacerle el juego a las ONG y a Carmen Aristegui.

Política para dummies: La política es la habilidad para tirar la piedra y esconder la mano, no al revés.

http://indicadorpolitico.mx

[email protected]

@carlosramirezh