La tabla de salvación
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha convertido en la “tabla de salvación” del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Hasta ahora la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación le ha cerrado todos los caminos posibles para solucionar de manera pacífica el problema de la desobediencia para que sus miembros regresen a las aulas y cumplan con el contrato que realizaron con la Federación: impartir clases en los planteles del sistema de educación básica del país.
Lo que hemos podido observar, en estos meses de confrontación, es que la estructura gubernamental tiene y mantiene una brutal carencia de valor para aplicar la ley, y ha privilegiado el diálogo sin obtener resultados. El Estado mexicano ha padecido mermas importantes en sus finanzas, y aunque los fríos cálculos realizados por la Secretaría de Hacienda solamente observen cifras, las consecuencias para los mexicanos podrían sentirse en la merma de dinero para la instrumentación de los programas sociales.
Por lo pronto, ha sido la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que ha determinado la salvación del Gobierno Federal. El tribunal más alto del país rechazó un amparo que presentó un grupo de integrantes de la CNTE para impugnar la ley que permite cesar a los docentes que no pasen las pruebas que impone la Reforma Educativa. Los ministros consideraron que la evaluación no tiene la naturaleza de una sanción administrativa, puesto que solamente se traduce en el cumplimiento de una condición para permanecer en el cargo.
Los ministros señalaron que el incumplimiento de las condiciones de permanencia en el empleo, como la acreditación de evaluaciones, da lugar por fuerza a una consecuencia jurídica consistente en la terminación del nombramiento y la separación del Servicio Profesional Docente. Para decirlo de otra forma, lo que tanto ha señalado Aurelio Nuño y que en la Secretaría de Gobernación han puesto en duda, ha sido ratificado por el tribunal más alto del país.
El camino siguiente es mantener los canales de negociación en el entendido de que el Estado cuenta con los instrumentos coercitivos para comenzar a depurar la planta docente del país, si quienes hoy se mantienen en la calle no aceptan regresar a las aulas. La Suprema Corte ha entregado al Gobierno Federal el instrumento legal para la solución del conflicto. El plazo para regresar a las aulas debe ser tajante, y el retiro de la plaza la consecuencia para quien no cumpla con la ley. Al menos eso esperamos los mexicanos de nuestros gobernantes.
Al tiempo.
Sorry. No data so far.