Después de dimes, diretes, vetos y modificaciones de última hora, el Congreso aprobó siete leyes pertenecientes al llamado Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). En conjunto, las leyes aprobadas tienen como propósito inhibir y perseguir las acciones, grandes o pequeñas, de la corrupción. El objetivo no es sólo capturar al corrupto, sea este funcionario o ciudadano, sino desmontar las redes de complicidad que están inmiscuidas en la corrupción.
Las leyes del SNA incluyen sanciones tanto para los funcionarios, como para el sector privado: los funcionarios podrán ir a la cárcel o confiscárseles bienes, además de la obligatoriedad para presentar las polémicas declaraciones 3de3 (patrimonial, de interés y fiscal); a su vez, las empresas corruptas podrán sufrir castigos como la disolución o perder propiedades donde se cometieron hechos delictivos. En caso de ser hallado culpable, un empresario deberá pagar una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública.
En México pensamos que somos líderes mundiales en corrupción, sin embargo, en los últimos años, alrededor de 20 países han realizado reformas anticorrupción, entre ellos están Perú, Italia, Guatemala, Egipto y hasta Rusia. Esto nos da una idea de lo extendido que está el cáncer de la corrupción.
La aprobación de las leyes del SNA es apenas el principio, falta su puesta en marcha, pero sobre todo, falta ver que realmente sirvan para capturar a los corruptos.
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