Constitución y economía, la amenaza latente

(Quinta y última parte)

En el capítulo económico de la Constitución Política de los Estados Mexicanos (CPEUM), pese a todas las modificaciones que se le hicieron con motivo de las reformas estructurales de la actual administración (laboral, de competencia, telecomunicaciones, financiera, energética y fiscal), se esboza para México el proyecto de la economía centralmente planificada, en la cual, para empezar, no se respeta la libertad individual y la propiedad privada de los agentes económicos, lo cual es injusto (se violan esos dos derechos de la persona), e ineficaz (los resultados de la planificación gubernamental de la economía siempre han dejado mucho qué desear: aumentan la escasez y reducen el bienestar). El capítulo económico de la CPEUM es una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de cualquier agente económico, nacional o extranjero, que opere en la economía mexicana, más por el lado de la producción/ oferta/venta, menos por el lado de la demanda/compra/consumo, pero, al final de cuentas, sobre ambos flancos.

Cierto, tal y como lo escribí un par de veces en esta serie: el Estado no planea, conduce, coordina y orienta la actividad económica nacional, llegando sólo a la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, que en realidad es el programa de trabajo de cada gobierno, razón por la cual el gobierno no planea, conduce, coordina y orienta las actividades de los agentes económicos, existiendo espacios para el ejercicio de la libertad individual (la calificación de México en el Índice de Libertad Económica, de la Fundación Heritage, es de 6.6 sobre 10, lo cual la hace una economía “algo libre”), ejercicio que siempre se realiza sobre algún tipo de propiedad.

¿Qué puede pasar si llega a la Presidencia de la República alguien convencido que el progreso económico se alcanza, a manera de condición necesaria, con el Estado planeando, conduciendo, coordinando y orientando la actividad económica? Que, en el mejor de los casos, podríamos volver a los tiempos de Echeverría y López Portillo (gubernamentalización de la economía) y, en el peor, acabar como está acabando Venezuela (economía paralizada).