Coordinación interinstitucional en el Sistema Nacional de Fiscalización

 

La eficacia del Sistema Nacional de Fiscalización depende de una coordinación institucional eficiente


Arely Gómez González

 

La corrupción produce efectos nocivos para la sociedad, debido a que merma la calidad del quehacer gubernamental, entorpece las políticas de desarrollo y disminuye, inevitablemente, la confianza ciudadana en las instituciones. Para combatir este fenómeno, y en consonancia con las aspiraciones constitucionales de inhibir formas absolutas y arbitrarias del ejercicio del poder público, surgió el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

La función de auditoría, orientada a vigilar la correcta aplicación de recursos públicos y el cumplimiento de los objetivos institucionales, es una pieza clave del SNA, por lo que la inclusión del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) resultaba indispensable.

La eficacia del SNF depende de una coordinación institucional eficiente. Para ello, la Comisión Permanente de Contralores Estados–Federación (CPCE-F), órgano de coordinación presidido por la Secretaría de la Función Pública (SFP), en el que participan las secretarías o instancias homólogas encargadas del control interno en las entidades federativas, desarrolla distintas acciones con la finalidad de dirigir la función de fiscalización de todo el país en una misma dirección, complementar funciones y establecer un lenguaje común que permita responder de manera ágil a los retos que genera la implementación de este sistema, promoviendo no sólo instrumentos innovadores de control, sino también la ética y la integridad en el servicio público. Con la finalidad de alcanzar estos objetivos, al día de hoy, la SFP ha emitido 83 lineamientos de auditoría, de los cuales 66 se elaboraron de manera conjunta con la CPCE-F, y 17 con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Estos y otros avances, obtenidos en el fortalecimiento del control interno, la transparencia, rendición de cuentas y vigilancia de los recursos públicos, se revisan de manera periódica en las reuniones nacionales de esta comisión, cuya sexagésima edición se está llevando a cabo el día de hoy en la ciudad de Puebla.

El trabajo que realizan todas estas instituciones que integran el SNF es de trascendencia mayúscula para el combate a la corrupción y la construcción de una buena gobernanza, por lo cual resulta imperativo continuar sumando esfuerzos y voluntades, para lograr consolidar una gestión pública eficiente en la que la corrupción no tenga cabida. Con el propósito de dar continuidad a esta importante labor, la semana pasada se celebraron la Primera Reunión del Comité Rector y la Primera Reunión Plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización de 2018, presididas por la ASF y la SFP. Y este jueves, precisamente, en la ciudad de Puebla, se lleva a cabo la LX Reunión Nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación 2018, que es la instancia que agrupa a la Función Pública y las contralorías estatales.

Asimismo, el 28 de febrero, ambas instituciones, que presiden de manera dual el SNF y como lo establece la ley, entregamos el primer Informe de este colectivo a la presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Este reporte contiene información sobre las acciones desarrolladas por este sistema, los retos de la fiscalización y las líneas de acción 2018, entre otros temas. El documento constata algunos objetivos alcanzados; particularmente, se subraya la aprobación por parte del Comité Rector de los Estatutos del Sistema Nacional de Fiscalización, así como la integración de siete grupos de trabajo que ya están en funcionamiento y han arrojado resultados.

Estos son apenas los primeros pasos para consolidar una política integral en materia de auditoría y anticorrupción. Los cimientos con los que contamos son robustos. Sin embargo, debemos continuar sumando esfuerzos. Durante mi gestión al frente de la SFP he estado comprometida con la lucha en contra de la corrupción. La motivación ha sido y será la aspiración al bienestar común, de la mano de una administración pública eficaz, transparente y que rinda cuentas a los ciudadanos.