Cuando el ombudsman nacional deplora que en México no existe un verdadero estado de derecho, sino que es sólo una aspiración (y la democracia también, si no chéquense los asesinatos de políticos locales casi todos los días); uno entiende por qué en los seis años recientes la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha tenido qué atender a un millón y cuarto de ciudadanos que se quejan de abusos de toda índole por parte de autoridades que son omisas, niegan atención a sus demandas, encubren a los violadores de derechos y se alían con ellos para dejar a esa enorme cantidad de mexicanos sedientos de justicia.
El diagnóstico que pronunció la semana pasada el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, ante los ministros de la Corte y todo el Poder Judicial de la Federación, no pudo ser más sombrío y certero. La convivencia pacífica está amenazada en este año electoral, porque la inseguridad, la violencia, la corrupción y la impunidad se han extendido “como plagas en casi todos los ámbitos de la vida nacional”, dijo.
Adicionalmente, hay un entorno en el que los mexicanos –observa el ombdusman– hemos tenido que empezar a asumir, como parte de nuestra normalidad, los elevados índices de homicidios, las violencias contra las mujeres, los ataques y agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos, los abusos a migrantes, la trata. Peor aún, también se está normalizando la aceptación de las prácticas más contrarias a la dignidad humana, como torturas, desapariciones forzadas, detenciones y ejecuciones arbitrarias.
El acostumbramiento, el horror cotidiano aceptado, no hacen sino reflejar la descomposición institucional y social. Para fortuna de todos, algo que no menciona González Pérez, es que hay una enorme reserva moral y de indignación de la sociedad, aunque muchas veces se cree que hemos llegado al fondo del horror, como en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace ya 44 meses. La energía social que se niega a aceptar las atrocidades se renueva como en el caso de los tres estudiantes de cine desaparecidos en Jalisco y supuestamente asesinados y disueltos en ácido, versión que los familiares se niegan a aceptar, porque la evidencia presentada por la autoridad es débil, porque no hay confianza en las instancias investigadoras, porque esa entidad se ubica entre las cuatro del país con más personas víctimas del atroz delito de desaparición en los últimos 10 años, prácticamente sin que se solucione uno solo de más de 4 mil casos.
Instituciones y autoridades han sido rebasadas por ese calamitoso estado de cosas y “los órganos del Estado no hemos hecho lo suficiente para controlar y revertir esta situación”.
Hay, debe haber, límites al poder de los gobernantes. Por eso hay un fuerte movimiento de oposición a una Ley de Seguridad Interior que se confrontaría con toda la reforma constitucional de 2011, cuando se colocaron en un sitial privilegiado los derechos humanos en México. Ya el juez octavo de distrito en materia administrativa, Fernando Silva García, juzgó “inconstitucional” a la LSI, dando la razón a la abogada Bárbara Zamora.
La actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad debe desaparecer. A revisión en la Suprema Corte, la LSI abre la puerta para que se institucionalicen graves violaciones de los derechos humanos y sociales, para que se instauren estados de excepción en un país que se reconoce democrático.
