Desaparecidos, prioridad

Tiene razón la doctora Olga Sánchez Cordero al hablar directamente de recursos económicos y personal suficiente para echar a andar las instituciones, que de otra forma quedarían inútiles, paralizadas, sin más existencia que en la letra de las leyes. Cuando menciona a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la recién creada Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), describe el estado calamitoso en que se estarán recibiendo estas instancias oficiales:

“Si no hay presupuesto para ellas (las que atienden al insoportable dolor de los familiares de desaparecidos), no se puede avanzar. Hay que contratar abogados calificados y bien remunerados. Un ejemplo: la Defensoría Pública del Poder Judicial tiene entre 400 y 500 abogados que ganan unos 80 mil pesos al mes y son defensores de presuntos delincuentes. En la CEAV, los abogados de las víctimas no llegan a 30 y su sueldo es de 15 mil o 20 mil pesos al mes. En la CNBP, ni se diga. Sólo la integran ocho personas”.

El asunto de las desapariciones forzadas debe ser el prioritario en México y así lo he sostenido en cuanto foro participo, porque se trata de un delito que afecta a todo el entorno de las víctimas.

En su libro Ni vivos ni muertos, Federico Mastrogiovani estima que entre cinco y seis personas resultan lastimadas por cada desaparecido, pues viven un duelo inacabado, un dolor renovado cada mañana en que sigue sin aparecer el ser querido y así pueden pasar años, lustros y décadas. Y entonces, a partir de la cifra oficial reconocida de personas desaparecidas en México, se puede hablar de más de 250 mil afectados directamente por la no aparición de más de 38 mil mexicanos llevados a sitios desconocidos.

Ya más de 40 mil sin aparecer en solamente dos sexenios, especifica la ministra en retiro Sánchez Cordero a la periodista Patricia Dávila, de la revista Proceso. Y va más allá: se habla de esa cifra en las dos recientes administraciones, pero doña Olga tiene información de que, solamente en Veracruz, se han registrado 20 mil y otro tanto en Tamaulipas. Si se agrega todo lo ocurrido en el país, “podrían ser más de 300 mil”.

Las cifras son más que inciertas, pero evidentemente atroces para una sociedad que las sufre y para gobiernos que las consienten, en la medida en que imperan la nula o desviada investigación de los casos, la impunidad de los perpetradores (ahora mismo se sigue ocultando la verdad sobre más de 50 desapariciones en el curso de cuatro meses de este año en Nuevo Laredo, a pesar de la exhortación de Naciones Unidas y el sistema interamericano de Derechos Humanos) y la ausencia de bancos de confronta del ADN para empatar los hallazgos en fosas clandestinas o forenses oficiales con pruebas científicas a los familiares en búsqueda constante desde hace varios años.

En un texto que escribí hace casi un año, concluía en que era dable duplicar la cifra reconocida oficialmente de desapariciones, sin hipérbole ni datos salidos de la fantasía, sino exclusivamente basados en búsquedas y reportes de la CNDH, en estadísticas desordenadas de las procuradurías, en estimaciones de organizaciones civiles y grupos de familiares, hasta ubicarlas en más de 50 mil por lo menos. La futura titular de Gobernación corrobora la dimensión de este horror.

México se resiste a reconocer que pasa por un severo conflicto armado interno. Ya es ganancia que, desde diciembre próximo, se alentará y acompañará a las víctimas y su derecho a la memoria y a la verdad.