Por años estudié cuidadosamente los informes de la Auditoría Superior de la Federación respecto al ejercicio de los recursos públicos federales por parte de autoridades de los tres órdenes de Gobierno y de los tres Poderes de la Unión. Mi asombro se multiplicaba en cada ejercicio y permanecía atento al justo castigo a quienes defraudaban la confianza pública mal empleando los recursos del pueblo puestos a su cuidado.
Nunca lo vi llegar. Por el contrario, cada reporte mostraba mayor descomposición, los montos se volvieron astronómicos, la impunidad pasó a ser la normalidad, y la excepción la constituyeron las muy pocas dependencias con resultados más o menos limpios. Los ladrones se dieron cuenta de la facilidad para llevarse el dinero, y ello no es imputable a la ASF; este organismo ha perfeccionado sus técnicas y sus resultados son cada vez más certeros, pero no tiene dientes, se limita a proyectar la película de terror, y su voz se vuelve un clamor en el desierto.
Recientemente conocimos el informe de 2016. Hay presuntas irregularidades en el manejo de 6 mil 800 millones de pesos. Las partidas presupuestales son meras anécdotas, se rebasan o subejercen al gusto de burócratas poderosos.
Se compra a empresas inexistentes, se paga a muertos y sombras, se encargan estudios fundamentales a cuates e improvisados. Están involucradas secretarías de Estado, universidades, gobiernos estatales de todos los colores, paraestatales, descentralizadas, la propia Cámara de Diputados. Hasta el Estado Mayor Presidencial entró a la fiesta según las conclusiones. Existe un plazo para posibles aclaraciones, pero la experiencia acumulada muestra que muy pocos se ocupan de justificar, sabedores del no pasa nada imperante.
Efraín Huerta escribió hace 40 años que la “Patria es polvo”. Tenía razón. Nos la pulverizaron y lo permitimos. Hoy somos testigos inmóviles de la rapiña.
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