Dobleces |
Deuda en desapariciones
Por Israel Mendoza Pérez
@imendozape
La desaparición forzada de los eperristas Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya ocurrida el 25 de mayo del 2007 en la ciudad de Oaxaca, se convirtió en una deuda histórica para el gobierno federal.
Lo complejo del caso es el hermetismo a través de tres presidentes del país. El caso surgido en el sexenio de Felipe Calderón pasó bajo cerrazón gubernamental debido a que el gobernador Ulises Ruiz Ortiz intentó eludir una responsabilidad en la que se encuentra, hasta hoy en día, pendiente.
Y es que, a pesar de que los familiares y colectivos encargados de esta búsqueda y haber obtenido una sentencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ganada luego de más nueve años de litigio jurídico, el paradero de sus familiares y exintegrantes del EPR sigue sin conocerse, como tampoco las sanciones a todos los responsables de cometer este crimen en contra de Cruz Sánchez y Reyes Amaya.
En 17 años van 7 detenidos, pero estos no son los únicos responsables, por ello es que la Fiscalía General de la República, en manos de Alejandro Gertz Manero, debe cumplir nuevas órdenes de aprehensión y la realización de más actos de investigación en contra de todos los responsables tanto materiales como intelectuales.
El 24 de mayo de 2007, aproximadamente a las 11:30 horas, elementos del Ejército, adscritos a la VII Región Militar, ubicada en Ixcotel, Oaxaca, y de otras autoridades policiales, llevaron a cabo un operativo conjunto en el hotel “del Árbol”, en la colonia centro de la Ciudad de Oaxaca.
En ese operativo, Alberto Cruz y Edmundo Reyes Amaya, ambos integrantes del EPR fueron detenidos por servidores públicos, entre ellos de la Sedena para ser traslados a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca y a la postre ser trasladados al Campo Militar número 1 por elementos castrenses.
Para el 26 de mayo el gobernador Ulises Ruiz ya tenía información de que habían sido detenidos integrantes destacados del EPR. Así tanto, la procuraduría local, encabezada, en ese momento, por Evencio Nicolás, efectivos del Ejército, y del gobierno estatal quedaron involucrados en la detención y desaparición.
En este sexenio lo peor fue la falta de voluntad política por parte del exsubsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas. Las desapariciones forzadas, así como la represión e impunidad no entraron en la transformación del país. En 2019 hubo una reunión entre los familiares de los exguerrilleros detenidos con Encinas Rodríguez, sin embargo, no se volvió a dar otra reunión.
El tema llevó su cauce a través de la Corte y lo logrado, en la actualidad, es mérito de los avances producto de un mandato judicial. Sin embargo, por parte de Encinas, no hubo interés ni sensibilidad.
A tres meses de concluir el sexenio transformador, es necesario que la Sedena proporcione toda la información requerida por la FGR, a fin de que se pueda citar a comparecer a elementos del Ejército que estuvieron en funciones en mayo del 2007 para que informen sobre lo sucedido en el caso de la desaparición forzada. Aunque ya están en cuenta regresiva.
RGH
