Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

El 30 de agosto de cada año, se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Es un día para generar conciencia sobre la crisis de desapariciones así como para que el Estado mexicano rectifique su actuar y genere políticas públicas para afrontar este delito.

Según la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas, la desaparición forzada es toda privación de la libertad perpetrada por agentes del Estado o por particulares con consentimiento de las autoridades, seguida de la negativa de revelar su paradero y de reconocer dicha privación de la libertad, sustrayéndola de la protección de la ley.

Este delito tiene un doble efecto: directo, en la víctima porque fue sustraída de la protección de la ley y con frecuencia es víctima de tortura y otros delitos; e indirecto, sobre sus familias que desconocen el paradero de sus seres queridos.

Las personas desaparecidas tienen derecho a ser buscadas, a no ser revictimizadas, a no ser criminalizadas y que se preserve su memoria. Se le debe reconocer su personalidad jurídica así como recibir un trato digno en la notificación, entrega y sepultura de sus restos, en caso de ser encontrados sin vida. Lamentablemente, este gobierno ha hecho lo contrario.

Hoy México vive una crisis de desaparecidos y de identificación forense, aunada a una Comisión Nacional de Búsqueda acéfala. Según datos oficiales, en este gobierno se contabilizan más de 44 mil 200 personas desaparecidas y hay más de 54 mil cuerpos y restos humanos sin identificar.

Lamentablemente, el gobierno federal no enfrenta la crisis ni recibe a las madres buscadoras, a quienes por cierto, las están matando. En su lugar, lo que hace es un nuevo padrón de desaparecidos “a modo”, improvisado y con el objeto de ocultar la realidad. Están utilizando la estructura de los servidores de la nación de la Secretaría del Bienestar para levantar su propio censo de personas desaparecidas, porque lo que quiere Morena es un subregistro cómodo.

La administración morenista ha abandonado a la Comisión Nacional de Búsqueda y al Centro de Identificación Humana, ya que no cuentan ni con los recursos humanos, ni financieros suficientes para cumplir con su función. Están revictimizando a las familias que buscan justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. 

En lugar de maquillar cifras, los servidores públicos del régimen deben buscar a los desaparecidos, ya que 1 de cada 3 desaparecidos registrados desde 1962, son de esta administración y Morena debe responder por su negligencia.

*Senadora / presidenta de la Comisión de Derechos Humanos

RGH