Disminución salarial

Cuando un amigo y compañero de Generación 1973-1977 de la Facultad de Leyes de la Universidad Nacional Autónoma de México, que trabajaba en el sistema judicial de uno de los estados más pobres y hermosos del país me señaló que ante la posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador ganara la presidencia de la República, él iniciaría el trámite de su jubilación para evitar que su salario le fuera disminuido, y por consecuencia, disminuiría considerablemente la pensión mensual que le tocaría recibir.

Cuanta razón tenía, porque ahora la amenaza de disminución de los salarios de quienes trabajan en el Poder Judicial del país tendrán que adaptarse a una severa reducción de sus emolumentos en el caso de que el presidente de la República decida imponer un decreto en ese sentido, aunque también habrá que observar cuales serian las reacciones de quienes se dedican a la impartición de la justicia, y por consecuencia la forma en que litigarían ante sí mismos la decisión presidencial.

Mientras tanto, Andrés Manuel López Obrador señaló que el servicio público no es para hacer dinero, sino para servir a los ciudadanos, pero que de todas formas tienen libertad para inconformarse, aunque también aclaró que sigue creyendo que hay corrupción cuando un funcionario publico llega a recibir hasta seiscientos mil pesos mensuales, aludiendo directamente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes podemos estar seguros buscarán no perder sus privilegios.

Con el razonamiento de que pertenecen a un poder distinto, y que cuentan con plena autonomía para determinar sus propios emolumentos por la responsabilidad que tienen de impartir justicia, y que no puede haber invasión de facultades, seguramente los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tratarán de no someterse a los designios del presidente, o al menos iniciarán procedimientos que tendrán que resolver ellos mismos.

Esa circunstancia podría resultar una de los disparates jurídicos más importantes de la historia de este país, porque cada uno de los Poderes de la Unión mantiene su propia dinámica en torno a las facultades que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y aunque en el pasado la costumbre política surgida de la Revolución Mexicana supeditaba a la Corte y al Legislativo a las indicaciones del Ejecutivo, los avances de la democracia han propiciado esa separación.

En lo personal siempre he criticado de aberrante que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tengan salarios superiores a los seiscientos mil pesos, y si comparamos esta cantidad con el salario mínimo, un simple trabajador tendría que esperar 20 años para obtener la misma cantidad salarial que un ministro gana en treinta días.

Sin lugar a dudas esa es una de las mayores injusticias que podría cometer el órgano encargado de la impartición de justicia. Aberrante, ¿no?

Al tiempo.