Edificaciones caídas, ¿resultado de la corrupción?

 

Constructores y autoridades se coludieron para violar los reglamentos de construcción


Al momento de escribir esto el número de víctimas fatales del terremoto del martes 19 llegaba a 225. De éstas, 93 decesos ocurrieron en la Ciudad de México, 71 en Morelos, 43 en Puebla, 12 en el Estado de México, cuatro en Guerrero y una en Oaxaca. Si bien todas estas pérdidas de vidas son lamentables, más doloroso es el caso de los 20 niños que sucumbieron al derrumbarse parte del Colegio Enrique Rébsamen, en la colonia Coapa de la CDMX.

La devastación y número de víctimas podrían haber sido mayores si consideramos la fuerza del sismo – magnitud 7.1 en el escala de Richter–, la cercanía del lugar de su epicentro a la CDMX –unos 140 kilómetros–, la poca profundidad de dicho epicentro –57 kilómetros– y la hora en que ocurrió –las 13:14 horas (centro).

Afortunadamente, mucho hemos aprendido todos a partir del temblor del 19 de septiembre de 1985. Hoy realizamos periódicamente simulacros que nos enseñan cómo actuar durante y después de un sismo; los edificios que se han construido desde ese año han tenido que cumplir con requisitos más estrictos para soportar los movimientos que se dan durante un terremoto; muchas construcciones fueron reforzadas para aguantar otros eventos similares.

También se nos dijo que los edificios que se construyeron antes del 85 fueron revisados por distintos organismos públicos para verificar que sus estructuras eran aptas para soportar otros movimientos telúricos. Algunas de estas construcciones fueron reforzadas y otras, las menos, demolidas.

Aparentemente, a juzgar por lo que ocurrió el martes, varios edificios construidos antes y después del 85 no fueron revisados o, si lo fueron, incorrectamente fueron autorizados para seguir funcionando por las autoridades encargadas de ello. En el área golpeada por el sismo se cayeron decenas de edificaciones; por lo menos 90 en la CDMX. Los edificios dañados suman decenas.

Algo falló, evidentemente, y en un país que registra tan altos niveles de corrupción e impunidad es lógico suponer que un buen número dueños de edificaciones, constructores y autoridades se coludieron para violar los reglamentos de construcción.

Qué bueno que lo ocurrido el martes no fue tan devastador como lo que sucedió hace 32 años. Qué bueno que los habitantes de la CDMX sean tan solidarios como en 1985. Qué bueno que la mayoría de las edificaciones hayan aguantado el sismo del 19 de septiembre y más después del ocurrido 12 días antes.

Sin embargo, alguien tiene que responder por los muertos, los heridos y quienes perdieron sus patrimonios inmobiliarios. Los gobiernos federal y de los estados afectados por el sismo más reciente deben investigar exhaustivamente las causas de los derrumbes y daños graves a centenas de edificaciones, e identificar y castigar a quienes permitieron que dichas construcciones siguieran albergando hogares y centros de trabajo.

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