El Chapo en su laberinto

 

Joaquín El Chapo Guzmán Loera enfrenta una situación jurídica contradictoria por lo que hace a las estrategias de su defensa.


Tan o más grave que su reclusión en un piso alto de una prisión vertical inexpugnable en Nueva York, incomunicado 23 horas diarias, sin visita conyugal ni algún posible contacto físico con sus pequeñas gemelas María Joaquina y Emmaly Guadalupe Guzmán Coronel, Joaquín El Chapo Guzmán Loera enfrenta una situación jurídica, no sólo irregular y ajena a todo orden internacional, sino contradictoria por lo que hace a las estrategias de su defensa.

O queda libre porque lo pretende juzgar una Corte neoyorquina que ni siquiera lo pidió en extradición, pese a lo cual ya lo tiene sometido en una cárcel de extrema seguridad y le hizo 17 cargos criminales sin facultades para ello, o se le regresa a México, porque a las dos Cortes que sí lo solicitaron (la del Sur de California y la de Texas) ya se les venció el plazo de reclamar al sinaloense para hacer que fuera trasladado a San Diego o a El Paso, según los términos que establece el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, y entonces ya tampoco pueden procesarlo.

La situación se torna severa y delicada por el hecho de que Joaquín Guzmán tiene abogados para defenderlo en México y en Estados Unidos, pero no han logrado estar de acuerdo entre ellos y desarrollan estrategias de defensa diametralmente opuestas:

Desde México, su defensor desde hace más de dos décadas, Juan Pablo Badillo, está convencido de que ninguna de las tres Cortes de Estados Unidos mencionadas más arriba está en condición de juzgar a Guzmán Loera, por las razones ya expuestas y que ya han sido esgrimidas por él tanto en amparos e inconformidades ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación como en cartas al presidente Enrique Peña Nieto y a la embajadora de Washington en México Roberta Jacobson.

En cambio, el peruano Eduardo Balarezo, abogado actuante en Nueva York, litiga ante la Corte incorrecta (la que nunca hizo un pedido de extradición de Guzmán, pero quiere ilegalmente procesarlo con aportaciones de varias decenas de testigos protegidos pagados o con promesa de reducir sus penas en proporción a lo útil de sus testimonios –ciertos o falsos– en contra del capo sinaloense). Y se queja de que “estamos en desventaja tremenda, porque no sabemos qué le ha dicho el gobierno al juez” para que decida prohibirle el goce de sus más elementales derechos humanos.

Calculó que podrían darle a su cliente cadena perpetua o 99 años de cárcel, que para el caso es lo mismo. “General que piensa en la derrota, tiene la batalla perdida”, me dice Juan Pablo Badillo, su defensor mexicano desde México.

Balarezo se hizo famoso por litigar contra cargos por narcotráfico a Alfredo “El Mochomo” Beltrán Leyva, y al empresario chino mexicano Zhenli Ye Gon. Perdió en ambos casos.

Este abogado admitió en entrevista con la revista Proceso haber recibido ya en pago 25 por ciento de lo que pactó con su cliente (no reveló la cantidad, pero trascendió que serían 2.5 millones de dólares de los 10 que se habrían acordado). Ya montó un despacho en Nueva York y otro en Brooklyn para estar cerca del sitio en el que (errónea pero prácticamente) está encerrado Guzmán Loera y donde se supone, hasta hoy, que será procesado a partir del 5 de noviembre.

A Balarezo ni se le ocurre impugnar a la Corte de Nueva York, pero calcula que el juicio durará entre cuatro y cinco meses.

La sentencia deberá conocerse, si acaso muy pronto, a finales de 2019. Y solamente será válida si hay unanimidad absoluta en un jurado de 12 ciudadanos.