“El Chapo”, pobre millonario

 

El próximo 16 de abril arrancará el juicio en su contra en una corte de Nueva York


El próximo 16 de abril, cuando Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera recién haya cumplido 61 años, arrancará el juicio en su contra en una corte de Nueva York. Eso es seguro. De lo que no hay certeza es si continuará representándolo Jeffrey Lichtman, quien lo ha visitado en varias ocasiones en la cárcel y confirma que está prácticamente incomunicado con el exterior.

Paradójicamente el capo del tráfico de drogas con mayor poder en el mundo y dueño de una fortuna multimillonaria en dólares –nadie sabe a cuánto asciende ni dónde está– no encuentra la manera de pagar a Lichtman y a sus tres socios Marc Fernich, Eduardo Balarezo y William Purpura, pues no tiene una chequera en la mano y tampoco acceso a fondos bancarios.

Guzmán Loera cumplió el 19 de enero un año preso en Estados Unidos y por lo menos durante nueve meses fue asesorado por defensores de oficio –Michelle Gelernt y Michael Schneider–, como si fuera un reo pobretón.

Ahora que logró contactar con abogados expertos en mafia y tráfico de drogas, aun cuando el capo consiga los millones de dólares para pagar sus honorarios, es posible que el gobierno de Estados Unidos se los incaute por considerar que provienen de actividades ilícitas. Las autoridades han dicho que buscan quitarle a “El Chapo” unos 14 mil millones de dólares que calculan obtuvo en años de traficar drogas.

Mientras eso no ocurra (y no parece que la DEA, el FBI, la CIA y otras agencias tengan la menor idea de dónde están esos miles de millones nacidos de un cálculo hipotético), cualquier gasto que hagan Guzmán o sus familiares puede ser decomisado por el gobierno de Estados Unidos, de acuerdo con un fallo de la Corte Suprema que prohíbe pagar asesoría o defensa usando dinero sujeto a un aseguramiento oficial.

Si un abogado va a recibir dinero de Joaquín Guzmán deberá solicitar ante el Departamento del Tesoro una licencia especial para realizar transacciones financieras con el capo mexicano, pues aparece en la lista negra de la Oficina para el Control de Activos Financieros (OFAC) del propio Tesoro, igual que colaboradores y familiares.

Está prohibido explícitamente negociar con ellos.

Lichtman intentó que el Gobierno Federal garantizara que dejaría sin confiscar una porción de la fortuna del líder del Cártel de Sinaloa y así poder cobrar sus honorarios. El magistrado Brian Cogan le negó esa posibilidad: “no voy a presionar al Gobierno para crear un fondo para pago de abogados”. Hasta hoy Lichtman y socios deberán arriesgar, si continúan en la defensa de “El Chapo”, la posibilidad de que el Gobierno les exija devolver el dinero que les pagaría el capo.

Mientras las cuestiones económicas se complican para Guzmán Loera en EU, una nota del diario El Universal contribuyó a enredar el tema de la defensa de “El Chapo”. Sin revelar nombre alguno, atribuyó a una persona “con conocimiento del caso”, haber dicho que familiares de Guzmán Loera consideran ya no asignar dinero para su defensa, “ante el temor de que el caso judicial que enfrenta esté perdido”. Es un juicio “imposible de ganar” y es preferible “no malbaratar (dinero) y mejor dedicarlo a cuidar y proteger al clan (familiar) que sigue liderando el cártel de Sinaloa”.

No creo en la versión. Nadie toma decisiones por encima del líder, que conserva autoridad sobre sus dineros y su familia, aun estando en prisión. Muchos de sus miles de millones de dólares pasaban por bancos estadounidenses hace una década. Está documentado.

Pero esa es otra historia.

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