Si a muchos les causa resquemor el concepto de seguridad nacional, la confusión parte de la vieja doctrina de la Dirección Federal de Seguridad asumiendo la seguridad nacional de la república y del Estado como la seguridad política del PRI y su clase gobernante ante el avance de la oposición.
Al final de cuentas, los cárteles del crimen organizado funcionan igual que la disidencia política del periodo autoritario priista: operan en la clandestinidad, usan armas como la guerrilla y su objetivo final es derrotar a los gobiernos, apoderarse del Estado y controlar zonas territoriales de la república.
Sin embargo, hay una diferencia clave: la disidencia operaba en la clandestinidad contra el Estado para ganar espacios democráticos, en tanto que los cárteles sólo quieren desplazar al gobierno y al Estado para imponer actividades criminales bajo la autoridad de delincuentes y sin contrapesos políticos a su poder.
La experiencia del Estado priista autoritario de los 60, 70 y 80 por la actuación con impunidad de los organismos de seguridad política debe enriquecer la decisión de aprobar un marco jurídico para las Fuerzas Armadas que luchan por mantener la seguridad interior por el avance y desbordamiento del poder de los grupos criminales.
La concepción moderna del Estado se basa en la definición y ejercicio de su soberanía como poder superior, pero con reglas claras para actividades democráticas que permitan incluso las victorias de la oposición. Ante el avance y crecimiento de células criminales, el Estado debe asumir la seguridad de la república como su eje principal. El Estado de seguridad nacional es, así, la fase superior del Estado democrático. La experiencia mexicana del 2000 y del 2012 es aleccionadora: las Fuerzas Armadas mantuvieron la seguridad del Estado sin importar las alternancias del PAN al PRI, del PRI al PAN y los espacios regionales para el PRD.
La oportunidad está planteada: el Estado mexicano tiene la obligación de legislar sobre los diferentes niveles de la seguridad nacional, a partir del principio regulador de la democracia y los derechos humanos. La ley de seguridad interior debería ser la primera, y luego venir las leyes de seguridad nacional, seguridad pública en este escenario más amplio, espionaje, inteligencia, Y en ese espectro, redefinir la doctrina de defensa nacional bajo los principios de soberanía del Estado, Estado democrático y defensa de la patria.
Sin un cuerpo jurídico que defina al Estado de seguridad nacional como eje del Estado democrático, México quedará a merced de grupúsculos clandestinos. En los 80, el aplastamiento violento de la guerrilla obligó al Estado a abrir espacios a la democracia, no a cerrarlos como en dictaduras latinoamericanas. El Estado de seguridad nacional debe eludir el enfoque estadounidense: leyes patrióticas que anularon garantías constitucionales y libertades en aras de combatir al terrorismo.
El Estado de seguridad nacional no es sinónimo de Estado dictatorial, si como ocurre en México el partido en el poder tiene mayoría opositora en las dos cámaras, en las dos cámaras, en el Poder Judicial y en los organismos autónomos.
No legislar seguridad interior sería el camino para dejarle el campo libre a los organismos criminales trasnacionales que son un adversario a la soberanía popular del Estado y del régimen y un peligro para la democracia.
Política para dummies: La política es el arte de vivir a costa de los demás… y del presupuesto público. NOTA: Por vacaciones de fin de año, Indicador Político descansará dos semanas y aquí nos reencontraremos el lunes 2 de enero de 2017. Los mejores deseos para sus lectores.
