El obispo y el narco

 

Hoy un obispo hace la labor que hace siete años tenía encomendada un general


Cómo cambian los tiempos. Hoy un obispo hace la labor que hace siete años tenía encomendada un general: dialogar con líderes de grupos traficantes de drogas y pactar una tregua, bajar la violencia. Solamente que el general Mario Arturo Acosta Chaparro estaba a sueldo y al servicio de la presidencia de Felipe Calderón, mientras que el obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, sube a la sierra guerrerense a intentar pacificar a grupos extremadamente violentos sin que se sepa que cumpla algún mandato jerárquico de la Iglesia católica, pero tampoco una encomienda gubernamental.

Acosta Chaparro fue ultimado a balazos a las afueras de un taller mecánico de la colonia Anáhuac, a donde le hacían reparaciones a su Mercedes Benz, allá por abril de 2012. Una motocicleta con dos jóvenes le siguió los pasos para saldar alguna deuda inconfesable del viejo general al que se atribuía la masacre de campesinos en Aguas Blancas, Guerrero, y haber participado en los llamados “vuelos de la muerte” en un avión de fabricación israelí, desde el cual eran arrojados al mar supuestos guerrilleros y otros disidentes en los años 70 del siglo pasado.

El obispo Rangel alega que está al servicio de su feligresía, dispersa por sierras y caminos lejanos a los que acude para ofrecer sus servicios religiosos. Conoce de la miseria en que sobreviven los campesinos y ve cómo comunidades enteras huyen de la violencia de grupos en pugna, de la pobreza extrema y del abandono de los programas sociales del gobierno.

Solamente en su área de influencia más de 50 mil hombres, mujeres y niños viven del cultivo de la amapola, según el excomisario de Filo de Caballos Arturo López Torres, pero ahora mismo no hay quien compre la goma de opio más allá de los 4 mil pesos el kilogramo, mientras que en el pasado reciente el kilo alcanzó al menos los 20 mil pesos. “Si no se vende la cosecha de amapola, no se va a vender tampoco el aguacate ni el durazno. Y si la gente no tiene dinero, nada se vende”, dijeron varios de los 15 comisarios reunidos en Los Morros, municipio de Leonardo Bravo, a periodistas que allí mismo hablaron con el obispo Rangel el jueves, horas después de que el prelado se había reunido con por lo menos cinco grupos de traficantes con la mayor presencia en la sierra.

En medio de las pugnas entre los cárteles serranos (el obispo evitó mencionar sus nombres, pero los que tienen más presencia son Los Rojos, Guerreros Unidos, Los Ardillos, Los Tequileros, más derivaciones de los Beltrán Leyva, de La Familia Michoacana, Caballeros Templarios, Cártel Jalisco Nueva Generación), quienes perdieron todas sus cosechas de amapola fueron al menos 20 mil familias productoras de los municipios de Leonardo Bravo, Heliodoro Castillo, Eduardo Neri sobre todo.

Los números de productores de amapola que manejan los propios comisarios hacen palidecer los cálculos de otro general, Guillermo Galván Galván, quien fuera secretario de la Defensa, cuando estimó que medio millón de mexicanos estaban en el narco y de él vivían.

“Me muevo con un chofer, sin seguridad. Aunque me han ofrecido protección y carros blindados, no he aceptado. Creo que la mejor protección es la amistad, la relación buena, el diálogo. Es un servicio que estoy prestando a la gente”, dijo este sui generis obispo, a quienes todos conocen en pueblos y veredas y que ofreció colaborar en los planes de pacificación y amnistía del Gobierno Federal si lo invitan.