Más de 131 mil mexicanos enfrentan juicio de deportación en Estados Unidos. California –con casi 38 mil– es el estado con mayor número de casos en sus cortes. Le siguen: Texas con 27 mil e Illinois con menos de 11 mil, según el estudio TRAC. Precisa que algunos casos se remontan a la administración Obama, y detalla que los más recientes, fueron promovidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), por violaciones a las leyes migratorias, en vez de involucrar actividades criminales. Serían otra evidencia contra la retórica trumpeana sobre persecución de infractores o “criminales” y no de “objetivos por cuestiones migratorias” con todo lo que eso dañaría la defensa de los derechos humanos y los compromisos internacionales adquiridos por Washington en la materia. También se alerta de un número importantísimo de dreamers que forzados o siguiendo a la familia, han vuelto a sus orígenes para encontrarse con un desastre: un programa educativo paupérrimo, de miras cortas y tiras de materias rezagadas al estándar internacional y con poca oportunidad laboral.
Pero el león no es komo lo pintan y varias tuercas han sido apretadas tratando de ofrecer primero reconocimiento legal, opciones educativas adecuadas, y después volverlos productivos.
Recién, a alguien se le ocurrió aprovechar la coyuntura y llevar parte de estos ajustes a las universidades de Estados Unidos. Así, diversas instituciones educativas, la cancillería mexicana y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas han cerrado filas para ofrecer esquemas de colaboración innovadores para y con los pueblos indígenas de México. Se llama “El sueño mexicano”. Las universidades gringas ponen el recurso humano, técnico y educativo, y México pone avión, hospedaje y lo que por decoro llamaremos “área de oportunidad”. Habrá que esperar y ver, si prospera, cuál será el costo real y cuáles sus aportes.