España: Cuando el apego irrestricto a la legalidad puede resultar muy costoso

No han sido pocos los que han leído la estancia del expresidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, en Bélgica como una auténtica fuga. Y lo han hecho porque la declaración unilateral de independencia que él fomentó y que hizo el Parlamento catalán constituyen, sin lugar a dudas, una flagrante violación a la Constitución española. Es por ello que tanto Puigdemont como los miembros de su gobierno y los integrantes de la mesa directiva del Parlamento catalán enfrentan ya procesos por delitos como rebelión, sedición y malversación. ¿Estar en favor de la independencia de Cataluña es un delito? Desde luego que no. ¿Participar en marchas soberanistas en Barcelona, Gerona o Tarragona constituye un delito? Por supuesto que no. Lo que sí constituye un delito es haber utilizado recursos públicos para organizar un referéndum que fue expresamente desautorizado por el tribunal constitucional español y haber declarado la secesión de una porción del territorio de España.

La ley es clara y de acuerdo con ella, los políticos catalanes que secundaron la declaración unilateral de independencia tendrían que responder ante la justicia. Sin embargo, una realidad es que el encarcelamiento de Carles Puigdemont, de Oriol Junqueras, de Carmen Forcadell y en general de todos los que han integrado la cúpula independentista catalana haría de estos personajes mártires, generando que no pocos los calificaran como presos políticos y los equipararan, por ejemplo, con Leopoldo López en Venezuela, lo que por supuesto, aunque no tendría bases, sí abonaría a la causa separatista catalana. Quizás en estos momentos lo más importante no sea castigar a quienes violentaron la Constitución, sino generar las condiciones para que producto de las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, el pulso independentista catalán se quede en el pasado.

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