Fin de sexenio complicado

Como si hubiera sido de novela, el cierre de la administración de Enrique Peña Nieto se está viendo complicado ya que, además de la inseguridad que pesa como lastre al actual Gobierno Federal, la determinación de un Tribunal de Circuito de echar para abajo todo lo que se investigó e incluso se dio como “verdad histórica”, en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa y con ello, la apertura a la calle de los indiciados y detenidos desde aquel 2014 en que nadie los volvió a ver.

Ya nadie se acuerda del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca o de su esposa, o de los responsables de dar la orden de levantar a los estudiantes que presuntamente fueron asesinados y apilados en el basurero de Iguala donde los habrían incinerado por varias horas, con “gasolina y llantas”.

Atrás han quedado en las ruinas las afirmaciones o declaraciones de quienes ahora, incluso la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, ha calificado de “paquidérmica” por lo lento que son los elefantes y la mediocridad de lo que el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dio como investigaciones que habrían llevado ante jueces a muchos involucrados que en total fueron 119.

Las pandillas de los Rojos y la otra, de las Ardillas, narcotraficantes de amapola de la zona de Guerrero en Iguala, así como quienes llevaron hasta el basurero a los estudiantes que secuestraron autobuses para dirigirse a Iguala para interrumpir el informe de la esposa de Abarca y nunca imaginaron la reacción de los Rojos que pensaron que los 43 se habían organizado para quedarse con la plaza y mercado de droga, mucha de la cual iba en los compartimentos del equipaje de uno de los tres autobuses secuestrados, sin que ello lo supieran los desaparecidos.

Hoy se sabe que ninguno de los encarcelados en el asunto, está sentenciado y que los delitos imputados no incluyen la desaparición forzada.

Pero lo anterior, es sólo otro asunto más a los que se suman, los ataques a elementos de la Marina en Zapopan, Jalisco, y en Tamaulipas, donde se afirma que muchos de los civiles que agredieron a golpes a los marinos no eran del lugar, sino que se trataría de delincuentes contratados por los mandos del Cártel Jalisco Nueva Generación, para generar el rechazo a la Marina, como en Monterrey, cuando pobladores de colonias como la Vidriera –a las faldas de cerros contiguos al de La Silla– bloqueaban carreteras y se enfrentaban con elementos del Ejército mexicano a quienes, como ahora con los marinos, culpan de secuestros y desapariciones forzadas, siendo falsas las acusaciones.