Financiamiento público a los partidos políticos

Todos coinciden en que el costo de la democracia en México es muy elevado. Es frecuente que en momentos de crisis se cuestionen los montos destinados para ello. El principal argumento contrario que se sostiene es que los costos serían mucho más elevados en un régimen diverso, particularmente los costos sociales. Recientemente diversos estudios de organismos internacionales muestran la desafección de la ciudadanía por la democracia. El desencanto con ella es derivado de la falta de credibilidad en las instituciones administrativas y jurisdiccionales, responsables de los procesos electorales, así como en los partidos políticos y sus candidatos. Se suma la nula capacidad para gobernar eficientemente de los personajes egresados de dichos partidos, caracterizados más por los saqueos que hacen de las arcas públicas que por políticas que mejoren el nivel de vida de la sociedad.

Con las últimas reformas electorales los partidos políticos se han beneficiado por dos vías principales: la primera tiene que ver con la bolsa total de financiamiento, cuya base de cálculo es el padrón electoral, o sea, todo el universo de posibles votantes en el país que se multiplica por sesenta y cinco por ciento del salario mínimo vigente en la Ciudad de México. La segunda está relacionada con el esquema de comunicación política a partir del cual los partidos gozan de los beneficios de los tiempos del Estado en medios de comunicación.

Han sido muchas propuestas que diversos académicos hemos presentado para modificar la base de cálculo de financiamiento público, particularmente para cambiar el padrón electoral por la participación real del ciudadano en las elecciones. Mismas que han sido desechadas sin mayor análisis. Podrán existir muchas más, pero todas se quedarán en el ámbito especulativo, pues la voracidad de los partidos políticos es más grande.