Fiscalía: diagnóstico fatal

Los resultados de la “mal llamada” guerra contra el narcotráfico llevaron a la comunidad internacional a colocar a México casi a la par de países que viven conflictos bélicos graves, como Siria, Afganistán e Irán, por ser una de las naciones con gigantesco número de víctimas mortales.

“La paz, que relativamente hemos conseguido que se goce en algunos estados, es atacada constantemente por la enorme cantidad de delitos que se cometen en regiones vecinas, encerrando y separando el contacto de miles de familias mexicanas”, expresa textualmente el diagnóstico de la situación de inseguridad que vive México, escrito en la exposición de motivos para crear la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Criticada por las propias huestes de Morena, por varias organizaciones civiles como #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás, porque no se ocupó primero de evitar el “pase automático” del personal de la vieja Procuraduría General de la República (PGR) a esta nueva institución, ya circula el borrador de Ley Orgánica, cuya visión de lo que viven los mexicanos es punto menos que apocalíptica.

De la tortura, cita que el 57 por ciento de la población penitenciaria informó haber sufrido algún tipo de maltrato, hostigamiento o violencia física por parte de policías. Hay más de 4 mil investigaciones reconocidas en curso y, específicamente en el caso de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa hace casi cuatro años, “el 80 por ciento presentan lesiones físicas”.

Feminicidios: siete mujeres son victimadas cada día y hay 23 mil asesinadas en la última década. “Lo peor es que en tan sólo el 10 por ciento de los casos se ha recibido una sentencia condenatoria. Un 40 por ciento de las mujers de entre 15 y 17 años ha sufrido algún tipo de violencia sexual en su vida”.

Secuestro: en los recientes seis años se reportaron más de 10 mil y organizaciones contra ese delito aluden a un promedio superior a 170 cada mes o más de 40 a la semana y muchos quedan impunes.

Desapariciones: de más de 34 mil personas reportadas en esa condición (la cifra actualizada supera las 38 mil), casi la mitad son jóvenes, unos 16 mil menores de 29 años de edad.

Percepción: si el 75 por ciento de la población declara sentirse insegura, el nivel de nula confianza en las policías y autoridades responsables de la seguridad y de la procuración de justicia llega al 77 por ciento; ese porcentaje de la ciudadanía percibe que las policías son altamente corruptas.

La Ley Orgánica de la Fiscalía propuesta puede “comenzar a frenar la crisis de impunidad que vivimos en México”, pero faltan reformas constitucionales para dar a esa Fiscalía independencia, autonomía, eficacia y capacidad para contar con personal diferente del que le heredará la vieja PGR.

De nada sirvieron los 5 mil millones que se asignaron en 2017 al Sistema Nacional de Seguridad Pública, los 2 mil millones al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), casi mil más a la procuración de justicia, pues ese resultó el más violento de los últimos 20 años.

La PGR es una “institución desgastada”, juzga la iniciativa, pues “ejerce sus labores a través de una norma atrasada, sobrerregulada y que ha probado que llegó el final de su vigencia”.

El texto es explícito: la nueva Fiscalía no utilizará el poder punitivo del Estado para reprimir “la protesta social legítima” o para desalentar los reclamos “de minorías o grupos en situación de vulnerabilidad”.