Frontera más que peligrosa

La delincuencia organizada no se conforma con mantener a Tamaulipas como territorio silenciado, con medios que ya no se atreven a publicar la tragedia cotidiana que allí tiene su escenario. Los criminales han creado sus propias páginas electrónicas, desde donde combaten, criminalizan y levantan falsas imputaciones a las familias de víctimas de asesinato, desaparición, secuestro, extorsión, desplazamiento forzado y otras atrocidades. Y ahora amenazan a los pocos defensores de derechos humanos que se han atrevido a quedar en ciudades donde su vida corre peligro todos los días.

Ya antes daban órdenes a las redacciones de los periódicos y de los noticiarios de radio y televisión. Lo dijo así una periodista tamaulipeca hace unos cinco años, en presencia de colegas de varios estados: “en Tamaulipas ya tenemos nuevos jefes de información y de redacción; se llaman Los Zetas”. Lo que ella describía eran esos mensajes y llamadas amenazantes para ordenarles dejar de publicar ciertos crímenes tanto por escrito como en fotografía y video. Y al revés también: dando órdenes de ir a registrar un evento criminal con la obligación sugerida o exigida de publicar sin falta. Un periodista de la Tierra Caliente de Guerrero narró una situación muy parecida en esa otra zona de la geografía mexicana. En un taller de cobertura periodística en zonas de riesgo, mostraba de manera natural archivos en su computadora de más de media docena de cuerpos desmembrados tirados en un solo día. Obligados por la llamada de los encargados de prensa de los cárteles, los reporteros gráficos llegaban casi siempre antes que las policías que luego acordonarían el sitio donde eran abandonados los cuerpos mutilados.

El municipio de San Fernando se hizo mundialmente famoso por el hallazgo de 72 indocumentados centroamericanos liquidados y abandonados en un lote baldío, allá por agosto de 2010. Luego por cientos de cadáveres localizados en fosas clandestinas en los primeros meses de 2011.

Ahora es Nuevo Laredo la ciudad mártir donde más de 50 ciudadanos, la mayoría jóvenes, han sido desaparecidos. Más de una docena fueron hallados por los familiares (que no por la autoridad), en fosas clandestinas. Había restos humanos en los municipios de Colombia, Anáhuac y Sabinas, y grupos civiles buscan más en Hidalgo, Ocampo y Piedras Negras.

Del secuestro y posterior ejecución y entierro ilegal han sido acusados elementos de la Marina Armada de México, con cuatro cuarteles en esa entidad: dos en Nuevo Laredo, uno en Colombia y otro en Hidalgo. El ejército, en la práctica, abandonó a Tamaulipas.

De estos abusos están informadas la Secretaría de Marina, la Procuraduría de la República, gobierno estatal, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Gobernación, la nueva Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos y hasta Naciones Unidas, pero no hay resultado alguno de las indagatorias de este crimen colectivo “peor que el de Ayotzinapa”, dice Raymundo Ramos, director del Comité de Derechos Humanos del estado de Tamaulipas.

Pero no se han revisado cámaras para ubicar a los perpetradores, no se permitió el ingreso a los cuarteles a revisar los vehículos, no se han tomado muestras de ADN a familiares, se ha impedido a toda costa que testigos puedan probar que los ejecutores de esta “Operación Venganza” (por tres supuestas emboscadas con 5 muertos y 13 heridos en marzo) fueron marinos y no delincuentes con uniformes y vehículos clonados, según la versión oficial.

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