Es bueno que los verdaderos expertos en materia de seguridad, derechos humanos, justicia a las víctimas, despenalizaciones, amnistías y comisiones de la verdad, tortura, violencia, corrupción e impunidad comiencen a delimitar los campos de acción para que las promesas del próximo gobierno mexicano sean productivas, ancladas en la realidad, factibles y no solamente ofertas generosas, idealistas, nutridas de esperanza y fe.
O para evitar que terminen peor que eso: con una simulación, esta vez fruto de la buena fe, de un voluntarismo al mismo tiempo generoso e ignorante de los hilos perversos que urden el tejido cotidiano de la “justicia a la carta”, al servicio de poderosos empresarios, políticos y funcionarios perpetradores de delitos, y no de sus víctimas.
Para un aparato de gobierno futuro que acelera los tiempos y parece ya estar dictando líneas de mando –como la refundación de la Secretaría de Seguridad Pública Federal autónoma, fuera de la Secretaría de Gobernación, que Andrés Manuel López Obrador pidió operar al presidente Enrique Peña Nieto–, son muy útiles los escrutinios de las organizaciones no gubernamentales, la mirada plural doméstica e internacional y las opiniones de expertos que se expresan con libertad y no con adhesión incondicional a los propósitos del futuro aparato en el poder. Se vale, en el ejercicio de la libertad de opinión y de la pluralidad, exigir claridad de rumbos, argumentación en torno de las formas y el fondo, estilos y propósitos del cambio de políticas, que en muchas ocasiones son difusos y no han sido puntual y correctamente comunicados a la sociedad.
Son agradecibles, por ello, los documentos entregados al equipo de transición por parte de Amnistía Internacional y colectivos de familiares de desaparecidos (que oficialmente suman 38 mil), una vergüenza internacional que no ha logrado respuestas positivas y mínimamente dignas por parte del gobierno.
Se vale el repudio colectivo de familiares de las víctimas de desaparición al “no olvido pero sí perdón” planteado por Andrés Manuel López Obrador en el primer foro Escucha en Ciudad Juárez.
Se valen las críticas del ministro José Ramón Cossío al proceso de pacificación del futuro gobierno, que en su opinión no tendrá éxito si antes no se transforma de raíz el sistema de procuración e impartición de justicia, si no se capacita a los cuerpos policiales y a los peritos. “Si no se combate la impunidad, el ciclo de agravios y posibles actos de perdón se repetirá una y otra vez”, advirtió el excompañero en la Corte de la futura secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero.
Disentir respetuosa e informadamente de las propuestas y acciones del futuro gobierno es no solamente un derecho, sino una necesidad para que existan contrapesos ante una coalición política que arrolló y avasalló en las elecciones. Tanto, que en congresos estatales, particularmente el Estado de México, se le rasura el número de diputados por considerar que hay una “sobrerrepresentación” de Morena en el Poder Legislativo.
Tiene razón Amnistía Internacional en recomendar al gobierno de México dejar atrás definitivamente un enfoque de militarización en su “fallida estrategia de seguridad pública”.
Ello redunda en detenciones arbitrarias, aumento de los indicadores de violencia, en prácticas de tortura y desaparición forzada de personas.
Amnistía pide acertadamente abrogar la Ley de Seguridad Interior, segura violadora de garantías individuales y colectivas de los mexicanos.
