Hay muchas maneras de entender la pérdida de control estatal en las instancias nacionales.
Una de las más claras, y con los peores efectos, fue ceder la designación de los delegados federales a la voluntad de los gobernadores. El Ejecutivo central se privó a sí mismo de sus ojos y oídos a lo largo del territorio. Hoy las delegaciones, salvo excepciones honrosas, son espacios muy bien pagados para ubicar a cuates, colaboradores de campaña, opositores cooptados, hijos de políticos locales, exfuncionarios a quienes se debe cuidar para no tentarlos a incurrir en “ideas exóticas”, y el resultado es desastroso para la Federación, patrón nominal de estas figuras, pero sin capacidad de mando sobre ellos.
Un delegado no es un espía o cosa parecida.
Debe ser, incluso, aliado y coadyuvante del gobierno estatal de su adscripción, pero no su empleado, pues el efecto está a la vista. Su patrón es la Federación, y su trabajo es verificar que la inversión federal se canalice exactamente a su destino, sin desviaciones a gusto del gobernador; pugnar por el pago puntual de los compromisos pari pasu y el entero inmediato de impuestos, cuotas y otros ingresos de corte federal. De esa manera la Auditoría Superior de la Federación no encontraría tanta desviación y ejercicio indebido en las cuentas públicas estatales.
Es fácil constatar esta entrega de la plaza. Una pregunta basta: ¿advirtieron a tiempo de las tropelías en Veracruz, por ejemplo, o las callaron? o simplemente cuantificando los cambios en los estados con nuevo gobernador. En algunos casos se fueron todos los anteriores para configurar un elenco al gusto absoluto del entrante. Craso error.
Equivale a extraerse ojos y oídos. Urge recuperar estas posiciones, una buena manera es no designando oriundos, la otra es seguir ciegos y sordos.
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