Guerra de cifras salariales
En la hipótesis de que se logren ajustar todos los altos salarios que rebasan hoy los 108 mil mensuales, el ahorro global sería de 25 mil 662 millones cada año
Ufano de sus frecuentes errores, como cuando escribía “El canciller Fernando (y no Bernardo) Sepúlveda…”, un reportero de la vieja guardia solía decir: “El periodismo no es ciencia exacta”. Y sí, se ha demostrado ese axioma de banqueta en las horas recientes, cuando hay una rebatinga de cifras respecto de cuántos servidores públicos rebasan los 108 mil pesos que a sí mismo se asignará el próximo presidente de la República y que amenaza con ser el tope salarial para altos funcionarios del Ejecutivo, senadores, diputados, jueces, magistrados, ministros, consejeros de organismos públicos.
Son 35 mil 833 funcionarios públicos en esa condición, concluyó “El Sol de México”, mientras “Milenio” obtuvo 22 mil 570 arrojados por el presupuesto de egresos 2018, sin contar con empleados de los poderes judicial y legislativo, el rector de la UNAM e integrantes de organismos autónomos.
“Aristegui Noticias” habló sobre que la reducción de sueldos a 34 mil 559 burócratas no eliminará la corrupción, según opinaron PAN, PRI y PRD.
“El Financiero” se preguntó qué funcionarios del INE ganan más de lo que propuso AMLO. Se topó, en la página oficial del Instituto Nacional Electoral que los consejeros Pamela San Martín, Adriana Favela, Claudia Zavala, Dania Paola Ravel, Jaime Rivera, José Roberto Ruiz Saldaña, Ciro Murayama, Benito Nacif, Enrique Andrade y su presidente Lorenzo Córdova ganan 178 mil 781 pesos al mes. Pero también están por encima del tope que prometió imponer el próximo mandatario Marco Antonio Baños, organizador de elecciones; Francisco Naranjo, secretario particular de la presidencia del consejo; Diego Cordera Mora, coordinador de logística, y Luis Emilio Giménez coordinador de asesores.
El consejero Ciro Murayama duda que se pueda imponer sobre las percepciones y sueldos del INE una retroactividad, pues están amparados por la Constitución. Martí Batres, senador electo de Morena, indicó que la dieta para los miembros de la Cámara alta pasará de 300 mil a 90 mil pesos mensuales.
Javier Lozano Alarcón, del PRI, dijo que hay que cuidar que los ahorros “no se vayan a traducir en ineficacia, ineficiencia y dilación de los servicios públicos”. Su correligionaria Diva Hadamira Gastélum está preocupada con el tema de jubilaciones y prestaciones, a los que se llama “privilegios” pero que son conquistas a pulso de los derechos laborales. Y Diego Fernández de Cevallos llamó “capricho” a la decisión de López Obrador, porque disminuir los sueldos a los integrantes del Poder Judicial no disminuirá la corrupción.
Los ministros de la Suprema Corte reciben los salarios más altos del país. Su presidente Luis María Aguilar dijo que “las condiciones de seguridad, estabilidad, remuneraciones dignas y capacitación no son en beneficio personal de los juzgadores, ni mucho menos privilegios inconfesables, sino condiciones necesarias para un servicio público”.
El reportero Erick Ramírez concluyó que la austeridad salarial le pegará más fuerte a jueces y a funcionarios petroleros, dos actividades donde se concentra más de la mitad de los salarios por encima de los 108 mil pesos mensuales: 10 mil 536 plazas judiciales (el ahorro sería de 10 mil 697 millones de pesos) y 8 mil 382 plazas de Pemex, con ahorro de 4 mil 615 millones).
En la hipótesis de que se logren ajustar todos los altos salarios que rebasan hoy los 108 mil mensuales, el ahorro global sería de 25 mil 662 millones cada año. Un pelo al gato presupuestal.
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