Guerrero: entre la inseguridad, el crimen organizado y el desarrollo

ACAPULCO.- El estado de Guerrero puede ser un buen laboratorio de análisis de la realidad contrastante en la república: marginación histórica, abandono del campo, grupos criminales y complicidades del poder, pero con posibilidades de reconstruir la base económica y social a través de la acción pública directa.

El modelo federal de seguridad interior sirve para aplicarse en el microcosmos de Guerrero: la desorganización política y social, y la corrupción e insuficiencia de la seguridad pública han afectado los acuerdos para la producción y, por tanto, los niveles de desarrollo han bajado. Guerrero era el segundo estado con mayor pobreza extrema.

La reconstrucción de los tejidos sociales y políticos pasa por las políticas públicas de desarrollo. La violencia en el campo guerrerense ha comenzado a disminuir por la estrategia gubernamental de apoyo a la producción agropecuaria. La lección de Guerrero puede servir a escala nacional: sólo la acción económica del Estado puede revertir la descomposición social, restaurar los acuerdos productivos y recuperar el control de sus comunidades para la sociedad. Guerrero pasó de ser la segunda a tercera entidad con mayor pobreza extrema.

La violencia en el campo guerrerense no es producto del clima ni de factores psicológicos, sino consecuencia del repliegue agropecuario del Estado desde los años setenta y de cacicazgos políticos y criminales.

La lógica de la doctrina de seguridad interior está funcionando en Guerrero: las fuerzas de seguridad federales está tomando el control de las zonas rurales, con excepción de Acapulco donde el PRD ha sentado sus reglas y sus complicidades con grupos criminales. La crisis de Ayotzinapa quiere olvidar que las autoridades estatales y municipales eran perredistas vinculadas a López Obrador y a Marcelo Ebrard.

La acción del Estado a nivel regional ha invertido recursos presupuestales en apoyo a la producción agropecuaria, y Guerrero se ubicó el año pasado en el top cinco con un aumento de más de 80 por ciento en cosechas. El dato no es menor porque ocurre cuando las noticias criminales negativas dominan los medios. Pero en las zonas donde la producción se reactivó, ha habido, de modo natural, una disminución en las actividades criminales.

La estrategia de seguridad a nivel nacional se ha agotado sólo en la presencia de las fuerzas federales para perseguir e inhibir a los grupos criminales. Pero la seguridad es apenas la mitad de la fórmula del desarrollo y sólo el Estado, como institución, puede reorientar su acción presupuestal para reactivar los renglones del desarrollo.

La verdadera gobernabilidad de zonas calientes por el crimen organizado no es producto de la acción represiva de la seguridad, sino que se logra cuando el Estado apoya el desarrollo. La crisis de seguridad en el sur-sureste –sobre todo Guerrero y Oaxaca– comenzó en los ochenta del siglo pasado, cuando el Estado disminuyó su política de apoyo a la producción agropecuaria y los narcotraficantes llegaron a sustituir al Estado.

La estrategia del gobierno de Héctor Astudillo debería reproducirse a nivel nacional: no depender sólo de la presencia de las fuerzas federales de seguridad, sino aplicar políticas de desarrollo regional presupuestal, sobre todo en el campo donde los narcotraficantes han desplazado al Estado. La pobreza extrema ha bajado 8.7 puntos porcentuales.

Al final de cuentas, la producción agropecuaria es comida, pero también estabilidad social.

Política para dummies: La política es la habilidad para decidir sobre los peores escenarios posibles, con el fin de que cuando lleguen los positivos las expectativas sean mejores.