Impunidad que mata

En materia de agresiones a periodistas en México, el índice de impunidad es brutal. Más de 99 por ciento. El porcentaje está por encima de la tasa nacional de no castigo, de no condena ni cárcel a los perpetradores materiales o autores intelectuales de todos los delitos, que es igualmente terrible: más de 96 por ciento.

Por eso el acierto en un póster de Artículo 19: “Impunidad mata”. Cada caso sin investigar y castigar es como recargar el próximo fusil o pistola asesina. Si hubiera castigo para los agresores, tal vez la tasa impune descendería.

Con mil 986 agresiones a periodistas en cinco años (incluidos 42 asesinatos), el gobierno de Enrique Peña Nieto alcanzó el deplorable campeonato de todos los tiempos en la materia; 570 ataques físicos a los periodistas y daño a sus equipos y materiales de trabajo, 376 casos de amenazas, 356 de intimidación, 178 periodistas privados de la libertad, 128 situaciones de hostigamiento y acoso, reporta la organización defensora Artículo 19. Ese es el trato que reciben los informadores.

Durante la presentación del informe “Democracia simulada, nada qué aplaudir”, la dirigente Ana Cristina Ruelas desgranó esos datos precisos que pegan en el corazón de la libertad de expresión. Y reiteró algo que Artículo 19 y otras organizaciones como Reporteros sin Fronteras, en su momento la Fundación Buendía y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) evidenciaron año con año como una falacia gubernamental: sólo 8 por ciento de las agresiones a los periodistas puede atribuirse a la delincuencia organizada. En cambio, 48 por ciento provino de funcionarios públicos, a los que hay que agregar a los empresarios y a los políticos que, expuestos al escrutinio de la sociedad, muestran una piel demasiado delgada.

Nada que aplaudir, nada que celebrar, nada que compartir con un esencial respeto a la vida y a la capacidad de ejercer las libertades de información y opinión de esa multitud de periodistas honestos, que abundan en el país y a los que, cada vez que los hostigan y amenazan, están con ello privando a la ciudadanía de su derecho a ser informada, participativa, analítica y crítica y con ese bagaje luchar por un país mejor.

Espero que no se haga costumbre, porque poco se menciona a los periodistas desplazados de sus lugares de origen y trabajo, a esos luchadores de la pluma, el micrófono, la lente y las redes que no se someten al arbitrio de los poderes fácticos y por ello son amenazados, con todo y familiares, hasta el límite de expulsarlos abruptamente de sus sitios de trabajo. A distancia y con dificultades económicas y familiares sin fin, algunos siguen laborando en medio del peligro que significa hacerse públicos y actuantes.

Algunos de estos desplazados forzados se enfrentan al muro de la lenta justicia o la inacción de la PGR, si es que hablamos de la FEADLE (Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión); al alambicado Mecanismo de Protección a Periodistas, que primero investiga a la víctima; o al burocrático Centro de Atención a Víctimas (CEAV), que interpone un laberíntico viacrucis de trámites antes de siquiera admitir una solicitud.

Y estamos hablando de gente perseguida. De amenazas de muerte con previas muestras de que todo puede ocurrir y convertir la vida de periodistas en un infierno peor del ya vivido, pero ahora lejos de casa y sin trabajo, sin medio donde trabajar y sin apoyo de aquellas empresas a las que entregaron años de vida