El domingo pasado el candidato del Partido de Centro Democrático, Iván Duque, se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas a su adversario Gustavo Petro por 53 por ciento de los votos.
Por lo tanto, a partir del próximo 7 de agosto Duque dirigirá los destinos de Colombia durante los siguientes cuatro años. A pesar de que el principal objetivo de los ocho años de la administración del presidente saliente Juan Manuel Santos Calderón, es decir, alcanzar un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se logró, el triunfo de Duque en esta segunda vuelta e incluso el hecho de que a ella hayan concurrido el propio Duque y el izquierdista Gustavo Petro pueden leerse sin lugar a dudas como una desautorización del electorado colombiano al gobierno del presidente Santos.
El legado de quien fuera antes de convertirse en presidente, ministro de defensa durante los gobiernos del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien por cierto es el mentor político del hoy presidente electo Iván Duque, sin lugar a dudas está en juego y me refiero por supuesto al acuerdo de paz con las FARC y particularmente a lo relacionado con el sistema de justicia excepcional que el propio acuerdo previó para atender los reclamos de las víctimas de la lucha librada entre el Estado colombiano y el grupo guerrillero.
Para los simpatizantes de Duque y, por ende, del expresidente Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos fue demasiado lejos en las concesiones que permitió para alcanzar la paz con las FARC. Veremos a partir del 7 de agosto próximo hasta dónde llegará el presidente electo Duque en su afán por enmendar, ahora sí ya desde la Casa de Nariño, ese acuerdo de paz logrado por Santos y que tanto a él como a sus seguidores les resulta insatisfactorio.
